El exreo político Marcos Antonio Campos Garay, originario de Managua, denunció que las autoridades del Cementerio Oriental de la capital le negaron por más de siete horas enterrar a su bebé, un recién nacido que falleció la noche del martes, 28 de julio, tras sufrir un paro cardíaco. Fue hasta la 1:35 de la tarde de este miércoles, 28 de julio, que le permitieron sepultarlo.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
Según Garay, el argumento que le dieron los responsables del cementerio fue que no podía enterrar a su hijo, únicamente porque el acta de defunción provenía de una clínica privada y no de un hospital público. Además, denunció que cuando una de la personas a cargo de ese lugar lo reconoció como excarcelado de la dictadura le tomó fotografías y le advirtió que no hiciera escándalo.
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“Una mujer que atiende el lugar me dijo que dejara de hacer locuras y escándalos, porque ya sabían quién era yo”. También, al exreo político le dijeron que esta situación le quedaba de experiencia por no haber acudido a un centro hospitalario público. “Me dijeron que por qué no había ido a los hospitales del gobierno si la atención es mejor, que me iban a resolver, pero que dejara de hacer escándalo, porque el único responsable de no llevar una acta de defunción del Minsa (Ministerio de Salud) era yo”.
Represalia por se opositor
Marcos Campos Garay, quien estuvo 11 meses recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa, señaló que una vez que su hijo falleció se movilizó a realizar todos los trámites para enterrarlo y se dirigió al Ministerio de Salud para que le extendiera una constancia de defunción, sin embargo le notificaron que no se la entregarían, porque ya había recibido documentación de la clínica donde había acudido y que con eso podí enterrar a su hijo.
“Sin embargo en el cementerio me dijeron que sin una orden del Minsa no puedo enterrar a mi bebé, porque los documentos que traje no me sirven. Sin duda este es un acto de represalia por ser opositor a esta dictadura, exijo que se respeten los derechos de todos los nicaragüenses, porque es una locura que por el simple hecho de no estar a favor de este gobierno nos quieran pisotear y burlarse de nuestro dolor”.
Por su parte, la Asociación Víctimas de Abril (AVA) condenó esta acción en contra de los excarcelados políticos, quienes exigen al Gobierno de Daniel Ortega cesar estas agresiones. Al cierre de esta nota, Marcos Campos Garay dijo a este medio de comunicación que ya le habían permitido enterrar a su hijo.
