La jueza orteguista del Distrito Segundo de Juicio de Managua, Adela Auxiliadora Cardoze, declaró culpables a los presos políticos de Masaya Uriel José Pérez, José Santos Sánchez y José Ángel González Escobar, por los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes.
En el juicio celebrado el lunes, 13 de julio, la Fiscalía pidió la pena máxima de 15 años y una multa de mil días. Los abogados Julio Montenegro, defensor de Uriel José Pérez, María Oviedo, en representación de José Santos Sánchez, y Ever Acevedo, quien defiende a José Ángel González Escobar, coinciden en que el proceso estuvo plagado de anomalías, ya que la Fiscalía presentó como testigos a agentes de la Policía, los que afirman no sustentaron la acusación.
Noticia relacionada: Los millones “abandonados” por el narco que caen en manos de la Policía de Daniel Ortega
“El código uno (Policía encubierto) no llegó a dar ningún elemento que apoyara la acusación de la Fiscalía. Dijo que ellos (los oficiales) no podían revelar la forma del seguimiento a los acusados, porque es confidencial, pero que tenía fotos y vídeos, los cuales no presentó”, informó la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, María Oviedo.
Por su parte,, Julio Montenegro señaló como anómala la declaración de perito de la Policía, quien adujo que nunca estuvo presente en los supuestos lugares donde se daban estas actividades y que su trabajo fue recopilar información a través de fuentes y medios tecnológicos. “A pesar de todas esas circunstancias, la juez determinó culpable a los tres presos políticos”.
Proceso anómalo
La defensa notificó que la jueza Cardoze rechazó las pruebas en favor de los acusados. “La defensa de Uriel José (Pérez) le fue eliminada, la juez Cardoze rechazó toda la prueba documental donde se acreditaba el origen político de esta situación”, reprochó Montenegro.
El jurista además recalcó que jamás debió tomarse como prueba documental un comunicado de la Policía del régimen, donde en primera instancia a los ciudadanos se les señalaba de haber detonado unos explosivos en un puente de San Isidro, Matagalpa, y de intentar derribar una torre eléctrica, pero al momento de ejercer la acción penal, el Ministerio Público cambió los hechos y los acusó por tráfico de drogas.
Fiscalía pide 15 años de cárcel
Tras el fallo de culpabilidad, la Fiscalía solicitó la pena máxima de 15 años y mil días de multa, lo cual según los defensores es arbitrario. “Al momento de establecerse el debate de pena, el fiscal Pedro Cárcamo Jiménez pidió la pena máxima de 15 años e incluso estimó la aplicación de una multa de mil días, cuando el Código Penal, en su Artículo 359 no lo contempla, sino algo inferior a esa pena, que puede ser de 300 a 800 días multas”, refirió Montenegro, quien también informó que en un máximo de seis días se dictará sentencia.
Los tres imputados fueron detenidos el 13 de noviembre de 2019 en horarios y lugares diferentes. Uriel Pérez fue secuestrado en horas de la noche, en su casa, ubicada en la comarca Los Mercados, en Masaya, José Ángel González fue sacado de su vivienda en la comarca El Jocote, a las 11:45 de la mañana. En tanto, José Santos Sánchez fue objeto de allanamiento en horas de la madrugada, en el Barrio Héroes y Mártires de La Reforma, siendo este último capturado de manera ilegal por cuarta ocasión, luego que ya había sido excarcelado por la dictadura.
