La Unidad Nacional Azul y Blanco lanzó una campaña virtual en respaldo a los múltiples llamados realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al Gobierno de Nicaragua, quien ha cerrado las puertas a esa entidad que ha solicitado entrar al país y verificar de cerca la situación que vive la nación debido a la pandemia de la COVID-19.
La campaña de la UNAB consiste en recaudar la mayor cantidad de firmas en línea, mismas que posteriormente serán enviadas a la OPS. Hace más de 45 días, el organismo de salud solicitó a la administración de Daniel Ortega autorización para que una misión investigue la situación actual del coronavirus, petición que han ignorado en tres ocasiones.
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La dictadura de Daniel Ortega gravó con un 40% de impuestos tres equipos médicos, que ante la pandemia del COVID-19 son necesarios para salvar vidas, entre ellos los ventiladores mecánicos, que a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), fueron incorporados en la misma lista de productos que están sujetos a gravamen al igual que los abanicos domésticos.
El experto fiscal Julio Francisco Báez, explicó que la Aduana no solo aplicó el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), sino también gravó el Derecho Arancelario a la Importación (DAI) y el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), que entre todos ellos suman un 40%. Otros insumos a los que les aplicaron esa misma medida son las mascarillas quirúrgicas y los oxímetros, también utilizados para atender a pacientes con COVID-19.
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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) señaló al Gobierno de Nicaragua de incumplir el «acuerdo tripartito» con Panamá y Costa Rica para permitir el retorno de más de mil nicaragüenses varados en el territorio panameño por el COVID-19. El organismo advirtió que con esta medida el gobierno de Ortega viola el derecho constitucional de los compatriotas migrantes.
La CPDH expresó que en las últimas 72 horas solo han ingresado al país unos 100 ciudadanos, cuando el acuerdo había sido esa misma cantidad pero cada ocho horas. En Panamá se encuentran 1,108 nicaragüenses hacinados en albergues a la espera que el Gobierno de Ortega les autorice su ingreso.
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La comisionada Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analizó la crisis social y política que vive Nicaragua desde el 2018 y cómo la pandemia de la COVID-19 ha venido a agravar la situación.
La diplomática señaló que para la CIDH es preocupante la manera en la que la administración de Daniel Ortega está manejando la emergencia sanitaria, ya que la pandemia aparece ante «una grave crisis institucional» donde las autoridades gubernamentales carecen de credibilidad y los poderes del Estado son controlados por el gobierno de turno, lo cual no permite la adopción de medidas para enfrentar el virus.
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La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su monólogo, informó sobre la nueva adquisición de unos 70 ventiladores y 40 camas hospitalarias que serán distribuidos en los 19 hospitales públicos del país. Murillo en su intervención, con el objetivo de minimizar la pandemia del COVID-19, dijo que estos equipos no son solamente para atender la emergencia sanitaria, sino para la atención de otros padecimientos. Esta compra se da días después que la empresa privada denunciara que el gobierno aplicó impuestos a equipos médicos necesarios para atender los casos de coronavirus.