La comisionada Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analizó la crisis social y política que vive Nicaragua desde el 2018 y cómo la pandemia de la COVID-19 ha venido a agravar la situación.
Urrejola brindó una entrevista al canal de televisión de origen alemán Deutsche Welle (DW) en español donde señaló que para la CIDH es preocupante la manera en la que el régimen orteguista está manejando la emergencia sanitaria por COVID-19, ya que la pandemia aparece ante «una grave crisis institucional» donde las autoridades gubernamentales carecen de credibilidad y los poderes del Estado son controlados por el gobierno de Daniel Ortega, lo cual no permite la adopción de medidas para enfrentar el virus.
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«En Nicaragua no existe un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, en Nicaragua tenemos a las autoridades de gobierno, en las cuales la ciudadanía no tiene confianza, porque llevamos dos años de una grave crisis política y de derechos humanos y donde la transparencia de la información es muy grave y eso es lo que más nos preocupa. Las autoridades dan información contradictoria y claramente los números de contagiados y muertos por COVID-19 no coinciden con la información que da la sociedad civil», manifestó la comisionada.
Agregó que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega continúa promoviendo actividades masivas en plena pandemia, pese a que entidades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado el distanciamiento social como medida para prevenir el contagio. «Las autoridades no han dado relevancia a la pandemia».
«Debilitamiento en los servicios de salud»
Por otro lado, la diplomática denunció el debilitamiento en el sistema de salud púbica en el país, a consecuencia de los despidos masivos que ha realizado el régimen de Ortega en las últimas semanas contra médicos que criticaron el mal manejo de la pandemia y exigir equipos de protección para la atención de pacientes contagiados.
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«Después de la grave crisis del 2018, la Comisión ha registrado al menos 400 despidos a trabajadores de salud por razones políticas, porque atendieron a los heridos o porque manifestaron su disidencia. Entonces ya hay un sistema de salud que a nosotros nos preocupaba y hemos visto en las últimas semanas los despidos de algunos especialistas que han manifestado su preocupación por la pandemia. Además de la falta de información pública transparente nos preocupa la capacidad del sistema de salud», dijo.
