El Consejo Federal de Suiza sancionó este miércoles a seis funcionarios del régimen orteguista, que corresponden a dos asesores presidenciales y cuatro altos mandos de la Policía. Con ello, la exministra de Salud y ahora asesora del Minsa, Sonia Castro; el asesor presidencial, Néstor Moncada; el jefe de la Policía y consuegro presidencial, comisionado Francisco Díaz, el máximo represor de Masaya y subdirector de la Policía, comisionado Ramón Avellán; el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado Luis Pérez Olivas; y el jefe de la Dirección de Operaciones Policiales Especiales (DOEP), comisionado Justo Pastor Urbina; tendrán sus activos y bienes congelados y tampoco podrán viajar o transitar por ese país.
Suiza se une con esta medida a acciones que ha ejecutado con anterioridad Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, que se han encargado de castigar a los delegados de la dictadura por violadores de derechos humanos. El argumento de Suiza es que estos personajes han sido claves para el continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
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A los jefes policiales se les señala de dirigir la masacre a los ciudadanos que se levantaron contra el Gobierno de Daniel Ortega. Ha habido denuncias de torturas, violaciones, electrocutación, laceraciones con alambres de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero hacia los detenidos. Igualmente, se afirma que son los ejecutores de la “Operación Limpieza”, donde policías y paramilitares levantaron a punta de balas los tranques del país.
A Sonia Castro se le acusa de dar la orden de no atender en los hospitales públicos a opositores heridos por las balas de la Policía y paramilitares, durante la rebelión de abril 2018. Mientras, a Néstor Moncada Lau lo identifican como el asesor presidencial en temas de seguridad y espionaje. Lo tildan de corrupto y figura como un estrecho colaborador de Ortega en su relación con los mandos de la Policía y el Ejército.
Con las sanciones, analistas y opositores de Nicaragua aseguran que a la administración Ortega-Murillo se le termina de cerrar el circuito financiero en la Unión Europea, ya que «le quita una gran capacidad de movilización de fondos», lo que para ellos afecta individualmente al régimen y no al país. Asimismo, detallan que la comunidad internacional ha cerrado filas demandando la urgente necesidad de libertad, justicia y democracia para Nicaragua.
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El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionó de forma virtual para abordar la crisis sociopolítica de Nicaragua. La mayoría de los países miembros respaldaron la solicitud del secretario de ese organismo, Luis Almagro, sobre avanzar con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana contra el régimen orteguista. También demandaron la liberación de los presos políticos y que pare la represión y persecución de la dictadura contra los ciudadanos que le adversan.
La vicedictadora Rosario Murillo anunció que su gobierno prepara las “celebraciones de julio victorioso”, actos que adelantó serán «memorables, por distintos, por diferentes» aunque no detalló en qué radicará el cambio. Estos actos se llevarán a cabo en plena pandemia del COVID-19. El 19 de julio, se conmemora el aniversario de la Revolución Popular Sandinista, para ello, el orteguismo acarrea a sus fanáticos a Managua en buses pagados por las alcaldías a su cargo y monta centenares de actividades en el país.
