Este miércoles, 24 de junio, el Consejo Federal de Suiza decidió redoblar las sanciones contra seis funcionarios orteguistas previamente castigados por la Unión Europea, y que son abiertamente identificados como violadores de derechos humanos, responsables de la ejecución de más de 325 ciudadanos durante las protestas antigubernamentales en abril de 2018.
Los fichados ahora por Suiza ya se encontraban dentro de una extensa lista de funcionarios orteguistas sancionados previamente por el Gobierno de los Estados Unidos, por lo que han sido definidos como «delincuentes internacionales» por el sistema financiero norteamericano. Además, los ciudadanos de ese país tienen prohibido establecer vínculos económicos con ellos.
Noticia relacionada: Suiza sanciona a seis funcionarios orteguistas por violadores de derechos humanos
Aunque Suiza no menciona los nombres de los sancionados, toma como referencia la lista de la Unión Europea, en la que figuran; Ramón Antonio Avellán; Sonia Castro; Francisco Javier Díaz; Néstor Moncada; Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.
Artículo 66 presenta un resumen del historial criminal de cada uno de estos delincuentes internacionales que han sido influyentes en la represión contra los nicaragüenses. Con este récord, la Casa Blanca y otros continentes han justificado las sanciones que los restringe.
El comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía, fue sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos, el siete de noviembre de 2019. Avellán ha sido plenamente identificado como el ejecutor de los ataques de la Policía orteguista y grupos paramilitares contra el pueblo de Masaya, durante la crisis sociopolítica. Los masayas señalan a Avellán como el autor directo de los asesinatos de más de 30 personas durante la “Operación Limpieza” y la invasión a Monimbó. Avellán operó en los secuestros contra opositores en Masaya y Carazo.
Sonia Castro fue ministra de salud de la dictadura de Ortega y ahora se desempeña como «asesora presidencial para temas de salud» del régimen. El 21 de junio de 2019 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por las múltiples denuncias que señalan directamente a Castro como la funcionaria que dio la orden a hospitales públicos de no atender a opositores heridos por las balas de la Policía y paramilitares, durante la rebelión de abril 2018.
“El Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención médica”, justificó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés, bajo el mando del Departamento del Tesoro, cuando anunció sanciones para Castro.
Primer comisionado Francisco Díaz, director de la Policía orteguista y consuegro de la pareja presidencial. Fue sancionado por Estados Unidos el cinco de julio de 2018, cuando la administración de Donald Trump lo incluyó en la lista de delincuentes internacionales, bajo la Ley Global Magnitsky. Al jefe policial lo señalan de ser el responsable de dirigir la represión contra ciudadanos durante la crisis iniciada en abril de 2018.
Noticia relacionada: Unión Europea sanciona a seis funcionarios orteguistas, entre ellos cuatro altos mandos de la Policía Nacional
La Unión Europea lo acusa de ser el encargado de la represión contra los civiles, durante la rebelión cívica iniciada en abril de 2018. «En especial por estar al mando de las fuerzas policiales que han ejercido la violencia contra civiles mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas, entre otros».
Néstor Moncada Lau fue sancionado por Estados Unidos junto a Rosario Murillo. Moncada Lau es identificado como el asesor presidencial en temas de seguridad y espionaje. Además figura como un estrecho colaborador de Ortega en su relación con los mandos de la Policía y el Ejército. El Departamento del Tesoro lo describió como “un exfuncionario con experiencia en seguridad del Estado, con fuertes lazos de lealtad a Murillo, (que) ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo (…) trabajó con Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega contra una menor”, decía el texto de justificación de la sanción por parte del gobierno de Donald Trump.
En la sanción de la Unión Europea lo señalan de haber estado «directamente implicado en la toma de decisiones en materia de seguridad nacional y en el establecimiento de las políticas restrictivas llevadas a cabo por el Estado de Nicaragua contra manifestantes, representantes de la oposición y periodistas en Nicaragua a partir de abril de 2018, y es responsable de ello».
El comisionado Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote. «Olivas es el Jefe de la Dirección de Asistencia Judicial de la Policía y Director de la prisión de El Chipote. En su justificación, la OFAC declara que “El Chipote es una prisión conocida por prácticas abusivas donde las organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018.
Ha habido denuncias de tortura, violación, electrocutación, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero. Un manifestante encarcelado en El Chipote declaró que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y pistolas durante dos días. Posteriormente, el manifestante declaró que lo llevaron a un hombre enmascarado que reconoció por su voz y construcción como Olivas, quien lo obligó a filmar una confesión que implica a otros manifestantes».
El comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), esta dependencia policial es señalada de dirigir la mayoría de asesinatos en abril de 2018, principalmente en la denominada “Operación limpieza”, donde se registraron varios muertos en diferentes puntos de Nicaragua.
La DOEP posee las armas de guerra con que asesinaron al menos a 325 ciudadanos. La nota del Departamento del Tesoro agrega que la DOEP es la dependencia de la Policía, cuyos «miembros han cometido actos de violencia o conducta significativos que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018. Urbina es el Comisionado de la División de Operaciones Especiales de PN, que continúa desempeñando un papel central en la represión en todo el país, electrocutación, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero. Un manifestante encarcelado en El Chipote declaró que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y pistolas durante dos días. Posteriormente, el manifestante declaró que lo llevaron a un hombre enmascarado que reconoció por su voz y construcción como Olivas, quien lo obligó a filmar una confesión que implica a otros manifestantes».
La Unión Europea lo señala de haber participado «directamente en la aplicación de políticas represivas contra los manifestantes y la oposición en Nicaragua, en particular en Managua. En este contexto, es responsable de graves violaciones a los derechos humanos y de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática de Nicaragua».
Éste es el tristemente célebre elenco de operadores del régimen “or-mu” que, excentos de conciencia y principios revolucionarios evocaron a la guardia somocista y recibiendo ordenes de Somoza II y la Nicolasa Sevilla II, servilmente, asesinaron, robaron, encarcelaron, persiguieron y prohibieron atención médica al pueblo que liberaron por las mismas causas del Somocismo I.
Pero faltan el chele bisne, fidel moreno, la presidenta de la corte suprema de injusticias, todos los jueces operadores de fraudes judiciales, el jefe del sist. penitenciario y todos los sapos, esquiroles y asesinos paramilitares; los cuales vendieron se conciencia al diablo