A través del Juzgado Local Penal de Jinotega, el régimen de Daniel Ortega giró orden de captura contra la opositora y alcaldesa del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Wiwilí, Reyna Esmeralda Hernández Mairena, por el supuesto delito de «desobediencia y desacato a la autoridad».
La alcaldesa liberal enfrenta un proceso judicial después que un grupo de extrabajadores orteguistas la demandaron por una suma millonaria en concepto de liquidación, dinero que según la encargada de la comuna no cuentan.
El argumento del Poder Judicial departamental, de declarar a la alcaldesa liberal en rebeldía, ocurre después que la jueza Diana Isabel Jarquín programara la audiencia contra Hernández el 10 de junio. Sin embargo, ese mismo día le notificaron al abogado defensor suplente que todas las audiencias habían sido canceladas, por lo que la alcaldesa no se presentó a los Juzgados.
Horas más tarde, a través del sistema en línea, el abogado defensor constató que la jueza que está cargo de la audiencia notificó que el proceso sí estaba programado a las ocho de la mañana de ese 10 de junio. A través de una acta le declaran abandono al abogado defensor Maynor Curtis.
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«Se declara rebelde y se le gira correspondiente orden de captura. Una vez que la acusada sea puesta a la orden de esta autoridad deberá nombrar abogado que la represente o en su defecto esta autoridad le nombrará defensor público», reza el documento del Poder Judicial.
«Razones políticas»
Por su parte, la edil liberal asegura que este montaje de la dictadura se debe a razones políticas. La comuna de Wiwilí fue embargada por el régimen en abril de este año, tras la demanda de al menos 36 extrabajadores que simpatizan con el partido de gobierno.
«Se ordena el embargo ejecutivo de bienes particulares de la municipalidad por el monto de 16,538,128.93 córdobas, que incluye la tercera parte por los intereses y costas debiendo librarse el correspondiente mandamiento de ley para su ejecución», detalla la resolución del Sistema Judicial, a cargo de Aida López, juez de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte.
La juez también ordenó el embargo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina con placa JI 6406, misma que tiene asignada la alcaldesa municipal Reyna Hernández.
De acuerdo a un documento enviado por la funcionaria Hernández, su comuna ya pagó la liquidación de algunos extrabajadores orteguistas, por lo que asegura que no ha incumplido. «Conforme ley se iba a pagar 1,633,959 córdobas. Es decir que habiendo pagado (anteriormente) 466,752 córdobas, el total a pagar son 181 mil 576 córdobas».
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Ante la actual orden de captura, el PLC a través de un comunicado denunció el proceder del régimen de Daniel Ortega que también que también ha efectuado la reducción por el orden del 70% en las transferencias municipales a todas las Alcaldías Liberales.
«Condenamos vehemente esta medida de presión en contra de la alcaldesa Liberal de Wiwilí, misma que es parte de la política de de intolerancia, acoso y revanchismo político del régimen en contra de las alcaldías independientes con la finalidad de boicotear el trabajo que los ediles demócratas vienen realizando en favor de sus municipios», reza el documento del PLC.
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