El Estado de Nicaragua ordenó un embargo de más de 16 millones de córdobas en contra de la Alcaldía de Wiwilí, en el departamento de Jinotega, tras una demanda interpuesta por 36 extrabajadores orteguistas, quienes exigen el pago de liquidación. Actualmente esta comuna está siendo administrada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
«Se ordena el embargo ejecutivo de bienes particulares de la municipalidad por el monto de 16,538,128.93 córdobas, que incluye la tercera parte por los intereses y costas debiendo librarse el correspondiente mandamiento de ley para su ejecución», detalla la resolución del Sistema Judicial, a cargo de Aida López, juez de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte.
La juez también ordenó el embargo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina con placa JI 6406, misma que tiene asignada la alcaldesa municipal Reyna Hernández.
De acuerdo a un documento enviado por la funcionaria Hernández, su comuna ya pagó la liquidación de algunos extrabajadores orteguistas, por lo que asegura que no ha incumplido. «Conforme ley se iba a pagar 1,633,959 córdobas. Es decir que habiendo pagado (anteriormente) 466,752 córdobas, el total a pagar son 181 mil 576 córdobas».
PLC reacciona
Ante la medida impuesta por el Poder Judicial, el PLC a través de un comunicado expresó que la dictadura de Daniel Ortega continúa «pasando por encima de la Ley», ya que el ordenamiento jurídico no procede a embargo en contra de ninguna institución del Estado, «demostrando una vez más su menosprecio por el sistema jurídico del país».
«Esta forma de proceder en contra de la Alcaldía Liberal de Wiwilí se suma a las constantes medidas de presión, como por ejemplo la reducción por el orden del 70% en las transferencias municipales a todas las Alcaldías Liberales y demócratas, que el régimen ha venido implementando hacia los municipios en manos de la oposición», reza el comunicado del partido opositor.
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Además agrega que con estas medidas la dictadura pretende evitar que el progreso llegue a esos municipios «como castigo a la población por no haber votado por los candidatos oficialistas», continúa.
En ese sentido el PLC condenó esta medida impuesta por la dictadura de Ortega contra la Alcaldía de Wiwilí «como parte de su política de intolerancia, acoso y revanchismo político en franca violación a nuestra constitución Política al no respetar la separación de los Poderes del Estado y la Autonomía Municipal».
En el 2017, previo a las elecciones municipales, la alcaldía de Wiwilí contaba con un presupuesto de 96 millones de córdobas, mientras era administrada por el partido de gobierno, sin embargo ese presupuesto se redujo cuando el PLC tomó el mando de la comuna. «A nosotros nos vinieron reduciendo hasta que nos dejaron en 736 mil córdobas», agregó la alcaldesa en entrevisa al medio de comunicación digital Mosaico.
Pese a esa reducción, la oposición asegura que han venido trabajandon con fondos propios «para el bienestar de toda la población, sin exclusión de ningún tipo», agrega el PLC en la nota que el partido distribyó a los medios de comunicación.
Rayos!!!
Si que están desesperados!!
Solo puedo sentir lastima por esos trabajadores…y sus allegados… van a quedar marcados…y si que no podran conseguir trabajo …
Lo mismo pasó en los 90’s..
Si estudiaste en algun pais izquierdista…estabas frito…
Uuuuff!!
Esos hijos si pueden pedir liquidación por qué se quedaron sin trabajo,y asta ponen demanda,y no les Disen ni les asen nada porque son sapos sandinistas.y de seguro que el maldito asesino de Ortega y la bruja de la challo les aprueba la liquidación que están pidiendo.
Ahora si la partieron esta manada de degenerados, real.ente el poder judicial es un sumidero. Eso se vuelve en contra del mismo dictador , pues, si son capaces de embargar un bien del estado, que esta contemplado no se puede hacer, que no podrán hacer con cualquier empresa y esto para los inversionistas de cualquier tipo no es nada agradable. Que imbéciles.
Todo eso es nulo y la jueza que ordeno ese embargo, tendra que responder con sus bienes en su oportunidad por los daños que causa a la comuna. Es contrario con la ley 40 y sus reformas.
el plc “brinca” pero ¿ no es que la hija de Arnoldo trabaja en la contraloría de la república? y la María Fernanda es diputada?