Por iniciativa de los senadores Ted Cruz (republicano) y Bob Menendez (demácrata), el Senado de Estados Unidos discutará este jueves, 14 de mayo, otro proyecto de resolución que busca mayor presión sobre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El presupuesto que aprobaron los diputados del régimen es casi el mismo que en los últimos 3 años porque no tienen para más.
Según la agenda, la propuesta que será presentada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano enumerada como S.Res.525, «expresa el sentido del Senado de que Estados Unidos debe continuar apoyando al pueblo de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para promover la restauración de la democracia y la defensa de los derechos humanos, y utilizar las herramientas bajo la ley de los Estados Unidos para aumentar la presión política y económica sobre el gobierno de Daniel Ortega».
Los senadores Ted Cruz y Bob Menendez han presentado varias iniciativas para que la administración del presidente Donald Trump mantenga la lupa sobre el régimen de Ortega y los ejecutores de los crímenes contra los ciudadanos.
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En julio del 2019, Cruz y Menendez enviaron una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunciando a Ortega y Murillo de silenciar a las personas críticas a su gobierno y promover la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Los funcionarios solicitaron nuevas sanciones establecidas bajo la Ley Nica Act.
Además, los senadores propusieron aplicar sanciones directamente contra alto mandos de la Policía, usada como brazo represivo del régimen. Directamente pedían sanciones contra el propio dictador Daniel Ortega, la excomisionada y exdirectora general de la Policía Aminta Granera, el comisionado Ramón Avellán, el inspector general Jaime Vanegas; el jefe de la Dirección Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote», Luis Pérez Olivas y el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), Justo Pastor Urbina.
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De todos estos «candidatos», la Casa Blanca ya sancionó a Avellán, al jefe de El Chipote Luis Pérez Olivas y al jefe de la DOEP Justo Pastor Urbina.
En diciembre de 2019, por medio de un comunicado, el senador Ted Cruz, junto a sus colegas Christopher S. Murphy, Benjamin L. Cardin, Patrick Leahy, Richard J. Durbin, Chris Van Hollen y Edward J. Markey pidieron al Secretario de Estado Michael Pompeo y a Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro, las estrategias que se implementarán para sancionar al dictador Daniel Ortega y a los violadores de derechos humanos en Nicaragua; al tiempo que pedían a la administración Trump que coordinara acciones diplomáticas con la Unión Europea para hacer más efectiva la presión contra la dictadura nicaragüense.
«Los esfuerzos de la administración para coordinar los próximos pasos con la Unión Europea, especialmente la implementación del marco que la Unión Europea (UE) adoptó en octubre para permitir sanciones específicas, incluidas prohibiciones de viaje y congelamiento de activos, contra individuos nicaragüenses para empujar al gobierno hacia negociaciones sustantivas y disuadir la conducta represiva», decía la misiva.
De igual manera, en el documento hacían referencia a la Ley Nica Act, que se creó para votar en contra de los préstamos de parte de las instituciones financieras internacionales, con excepción a los créditos para fines humanitarios, derechos humanos o democracia.
Los senadores pidieron ejercer mayor presión en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en las Naciones Unidas para que el dictador Daniel Ortega y su esposa cumplan con los acuerdos firmados en la mesa de negociación; sin desatender los ciclos de violencia y los asesinatos cometidos por el Estado de Nicaragua, que no han sido investigados.
