La aplanadora orteguista aprobó este martes, 25 de febrero, el «Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia», que según parlamentarios liberales y analistas políticos esta acción facilitará el espionaje cibernético y la violación de las comunicaciones de los nicaragüenses.
Durante la votación, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Lesther Flores expresó que “aprobar un instrumento internacional de tal naturaleza en las condiciones de crisis sociopolítica es brindarle una herramienta para que el gobierno continúe castigando, atemorizando, asediando y ultrajando a los nicaragüenses”. También recordó que “en un tiempo las instituciones del Estado obligaron a sus trabajadores a entregarles sus celulares para revisar contactos y conversaciones en redes sociales criminalizando libertad de pensamiento y violando la privacidad”
El parlamentario liberal Jimmy Blandón detalló que como bancada votaron en contra de lo aprobado sin embargo, aunque el convenio es “multilateral” que debería ser desarrollados en países democráticos y “en Nicaragua no hay democracia, aquí reina la represión y una dictadura, por ejemplo, si con el hecho de salir a las calles con la bandera del país te echan preso (…) ahora van agarrar tus redes sociales donde tenés publicaciones contra el gobierno para apresarte”.
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En cuanto al significado del Convenio para el país, Blandón insistió que con ello “lo que se abre es una ventana para permitir a la dictadura que desarrolle represión en otros campos (…) todo lo que se está desarrollando en la Asamblea Nacional es utilizado para arreciar la represión”.
En la exposición de motivos del decreto de aprobación el régimen orteguista dicta que “habrá una autoridad central que canalizará las solicitudes de cooperación, que el Estado Parte al depositar el instrumento de ratificación”, también argumenta que dicho convenio facilitará en particular, “la agilización de los procedimientos a través de las consultas entre Autoridades Centrales y los puntos de Contacto Nacional, en perseguir y castigar a los partícipes de este tipo de hechos delictivos y consecuentemente facilitar la aplicación de la Ley Penal”.
El exdiputado liberal y analista político, Eliseo Núñez identificó que el problema es que “en las circunstancias actuales de Nicaragua, la mejor regulación que existe es la que no se hace, en el tema de derechos y libertades porque el que aplica la Ley es el Estado está en manos de gente con sesgos partidarios (…) esto es un peligro más porque se convierte en una herramienta que ocupa el gobierno para mantener el control de los nicaragüenses”.
El exdiplomático y analista político Bosco Matamoros considera que está aprobación es una «equivocación» más de las tantas que se han ejecutado por parte de la Asamblea dominada por el gobierno de Daniel Ortega. “Somos el país con menor interconexión en América Latina. Es trágico porque nos vamos a convertir en una sociedad que retrocede y no avanza (…) esta acción es un efecto negativo que afecta a todos, incluyendo a la economía, porque nos vamos a volver obstaculizadores del libre comercio”.
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Por otro lado, el diputado del PLC remarcó que con esta aprobación el gobierno está obteniendo mayores herramientas de control para mantener sometida a la población, “ellos tratan de someterla el espionaje cibernético a alguna legalidad cuando sabemos que ya lo realizan lo que le da la posibilidad de darle seguimiento cibernético a más personas a través de una orden judicial”, manifestó.
Blandón recalcó que las posibles instituciones que estarán a cargo de dedicarse a la persecución de estos temas serían: la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial”.
