Un mes después de la masacre ocurrida en la comunidad Alal, del territorio Mayangna Sauni, en el municipio de Bonanza, Triángulo Minero, de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, dos líderes indígenas viajaron hasta Managua para reclamar justicia por los cuatro asesinados a manos de colonos y exigir a la dictadura de Daniel Ortega investigue los hechos ocurridos el 29 de enero.
El líder indígena Pedro Justo Jacobo y el reverendo comunitario Obando Castillo relataron las condiciones que están atravesando los comunitarios después del ataque recibido por civiles que pretenden adueñarse de sus tierras.
Ellos denuncian que sus comunidades mueren de hambre porque no pueden salir de sus casas, ni cosechar, ni trabajar ante las constantes amenazas de invasores colonos. Demandan a las autoridades mayor protección y que estos hechos ocurridos no queden en la impunidad.
«En estos momentos, la situación de la comunidad es crítica, no solo la comunidad de Alal, sino todo el territorio mayangna (…) La gente está psicoseada por todo lo trágico que pasó en la comunidad, la gente ahorita, niños adultos, están padeciendo de hambre no tienen un techo digno, están careciendo de medicamentos, la gente está viviendo en champas y creo que todas esas cosas como personas que somos deben ser atendidas por las instancias correspondientes», expresó el líder indígena Pedro Justo Jacobo.
En el comunicado, la Policía supuestamente hizo varias investigaciones e incluso patinó varias veces en sus comunicados, donde primeramente dijo que no habían reportado ningún fallecido, posteriormente afirmaron que habían dos muertos y finalmente concluyó que cuatro personas fueron asesinadas.
Los indígenas desde el primer momento señalaron como los perpetradores de estos crímenes a un grupo de al menos 80 colonos armados. Sin embargo, en ninguno de los comunicados la Policía menciona la invasión de civiles. Los comunitarios seguran que el mismo gobierno patrocinó las armas a los colonos.
«Fueron 80 armados, llegaron con AK, con M16, ¿quién está patrocinando esas armas?», cuestionó el reverendo Castillo. Mientras que Justo Jacobo agregó que «significa que por debajo alguien está patrocinando ese dinero (para las armas) y alguien los están mandando a vivir allí, así que por ahí sale la lógica».
Igualmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional «para que así nosotros podamos tener paz en nuestros territorios».
Por su parte la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) brindó acompañamiento a los indígenas y aseguró que estarán ejecutando algunas acciones y se van a contactar con los familiares de las víctimas para evidenciar la situación ante las instancias internacionales.
La comunidad mayangna es habitada por unos 800 indígenas de 80 familias aproximadamente, y según sus autoridades ya habían recibido amenazas por parte de los colonos, la última fue recibida en noviembre de 2019, hechos que han denunciado ante las autoridades policiales, pero hicieron caso omiso a la denuncia.
La zona de Sauni As está compuesta de 16 comunidades extendidas en unas 164 mil hectáreas en la reserva de biosfera de Bosawás. Sin embargo, este territorio en los últimos diez años ha sufrido deforestación indiscriminada por parte de empresas dedicadas al negocio de madera
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