La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de su portavoz, María Hurtado, urgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que realice investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre la reciente masacre en la comunidad mayangna Alal, que dejó 4 indígenas asesinados, 2 heridos y 16 viviendas incendiadas.
Según Hurtado, la OACNUDH se encuentra muy preocupada sobre los reiterados ataques contra el pueblo indígena en Nicaragua, así también por “la falta de protección de sus derechos y la impunidad de los delitos contra ellos”.
#Nicaragua – Estamos muy preocupados por los reiterados ataques contra pueblos indígenas en Nicaragua, la falta de protección de sus derechos y la impunidad de los delitos cometidos contra ellos – Marta Hurtado, portavoz de la oficina de @mbachelet pic.twitter.com/KdCxTfIz3w
— OACNUDH (@OACNUDH) February 7, 2020
También, remarcó los datos proporcionado por el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua que revelan que desde 2015 al menos 40 indígenas han sido asesinados, 47 heridos, 44 secuestrados y 4 permanecen desaparecidos en casos relacionados con la invasión de tierra.
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Igualmente, destacó el actuar retardado de la Policía Nacional quienes llegaron hasta la comunidad de Alal al día siguiente, por lo que hizo referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos por lo que no pueden ser desplazadas por la fuerza”.
#Nicaragua “Los #PueblosIndígenas tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos, y no pueden ser desplazados por la fuerza”
Lea mensaje completo de la vocera oficial de la Alta Comisionada sobre los ataques contra pueblos indígenas:
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El organismo instó a “que se juzguen y sancionen a los responsables y proporcionen justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familias”. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la Policía Nacional negó la masacre ocurrida el 30 de enero de 2020 producto de la embestida de un grupo de 80 colonos armados que además de muertos, heridos y desaparecidos, obligó a mujeres y niños a huir a otras comunidades.
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Aunque la dictadura intentó minimizar los hechos, líderes comunitarios confirmaron que una comitiva oficialista encabezada por el Ejército de Nicaragua, la Policía orteguista y autoridades del gobierno de Ortega del municipio de Bonanza, como el secretario político del FSLN, Noel Rodríguez Medina, y el alcalde de esa localidad, Alexander Alvarado Lam, llegaron (el domingo, 2 de febrero) hasta la comunidad para sostener una reunión con los comunitarios afectados, a quienes les extendieron «un mensaje de solidaridad» de la pareja de dictadores.
Pero para los líderes comunitarios, esta acción es una estrategia del régimen para utilizarlos y callar sus exigencias en medio de una situación que ha dejado a la dictadura “mal parada”. Cuando la verdadera demanda de los comunitarios es el saneamiento de sus territorios, es decir, sacar de la localidad a los invasores que están haciendo daño a las comunidades mayangnas con el fin de apropiarse de sus tierras. “No queremos más negociación, no queremos promesas lo que queremos es saneamiento para que nuestros comunitarios vivan tranquilos”, señaló el fundador del Movimiento Prilaka.
