A través del informe bimestral comprendido de noviembre a diciembre 2019, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) documentó y denunció el caso de dos ahorcamientos dudosos en delegaciones policiales en Nicaragua. En el informe se detalla el caso del joven Jeferson Nicolás Abarca Lezama, de 18 años, originario de León; y el del ciudadano René Alberto Quintero Dávila, de 36 años, de Jinotepe Carazo, ambos sucesos ocurridos a inicios de noviembre de 2019.
El primer caso sobre el joven de 18 años recalca que en la nota de prensa (N. 135-2019) emitida por la Policía Nacional se precisa que Abarca Lezama tenía antecedentes delictivos de robo con intimidación, robo con fuerza y hurto y que se encontró colgado en la celda el 6 de noviembre a las 4:10 de la tarde. Dicha nota policial fue refutada por la familia y amigos del joven, quienes acudieron ante el Cenidh para denunciar lo que ellos catalogaron como un asesinato.
Su progenitora, María del Pilar Lezama, de 37 años, narró que la tarde de los hechos pudo notar que este se encontraba esposado, con las manos hacia adelante y con las costillas resaltadas. “Estaba colgado (…) como dormidito, al lado de una hamaca. Tenía las costillas resaltadas como que me lo habían golpeado. Tenía dos costillas fracturadas, se le miraba de viaje” y detalló que el comportamiento de los policías le resultó sospechoso.
También señaló lo que ellos creen fue complicidad entre la Policía con los médicos forenses, pues al momento de revisar a su hijo se negaron a entregarle el cuerpo de inmediato. “No me lo quisieron entregar (…) yo se los quise arrebatar afuera, les decía que no se lo llevaran, que me lo entregaran así. Ellos dijeron que debían llevarlo a la morgue (…) fue hasta las 6:30 de la noche que me lo entregaron y el cuerpo ya no tenía ninguna seña (…) me lo abrieron para enderezarle las costillas. A mí no me dieron nada, ningún documento, solo me hicieron firmar unos papeles… ellos me mataron a mi muchachito”.
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Según lo documentado presentados por el Cenidh, el encarcelamiento de Abarca fue una total confusión que le costó la vida. “A mi hijo me lo confundieron con otro joven del mismo alias, que había cometido un robo de una bicicleta, pero mi hijo el día del robo se encontraba trabajando en el cementerio como ayudante de albañil”. A la vez, remarcó que llegó hasta la delegación policial con el jefe de su hijo para que sirviera como testigo, sin embargo, ambos fueron corridos de la estación por parte de la jefa policial quien le dijo: ¡Ay tu hijo va para largo! mucho anda jodiendo aquí en este lado, hay que mandarlo para arriba”.
El caso de René Alberto Quintero Dávila
En el mismo informe se detalla el segunda caso de ahorcamiento dentro de una estación policial en Jinotepe, Carazo, corresponde al joven René Alberto Quintero Dávila, de 36 años, quien según la nota de prensa de la Policía (No. 137 – 2019). El viernes 8 de noviembre de 2019, a las 7:00 de la mañana, en las celdas preventivas de la delegación policial de Jinotepe se suicidó colgándose del techo de su celda.
La nota, al igual que la referente al caso de Jeferson Nicolás Abarca Lezama, indicaba que el reo había sido autor de robo con intimidación, (asalto) cometido el sábado 2 de noviembre. Los familiares de Quintero no creen en la versión policial de que él se haya ahorcado en una celda y denunciaron ante el Cenidh que fue un asesinato. Dora Dávila, su madre manifestó que “ellos dicen que se ahorcó con una faja, pero cuando una persona está siendo investigada por un delito y es ingresado a una celda, siempre es despojado de sus pertenencias, incluyendo el cinturón (…) eso es mentira, porque mi hijo nunca haría eso”.
Quintero era contador y fue detenido el 7 de noviembre por la mañana. Trabajaba en el Ministerio de Salud (Minsa) en el centro del salud de El Crucero, de donde era originario y donde se encargaba de hacer servicios de abatización. Al momento de su captura, se trasladaba en una camioneta del Minsa, junto a otros trabajadores.
Recientemente (noviembre 2019), el Cenidh advirtió públicamente, sobre un aparente patrón de aniquilamiento por parte de la Policía del régimen orteguista, semejante a la “Ley de Fuga” implementada durante la dictadura de Somoza para desaparecer a prisioneros comunes y enemigos políticos. Dentro de los dos casos el organismo de derechos humanos identificó la violación del derecho a la presunción de la inocencia, al debido proceso, al acceso de la justicia y otras libertades.
