A raíz de la crisis que inició en abril de 2018, una gran cantidad de empresas, servicios y productos se han visto afectados por las reformas impuestas por Daniel Ortega y Rosario Murillo, medidas que han provocado más desempleo y pobreza en las familias nicaragüenses obligadas a emigrar.
En un estudio realizado por la Red de Empresarias de Nicaragua (REN) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), entre agosto y septiembre de 2019, se encontró que la mayoría de los negocios que producen pan se han visto seriamente afectados por las reformas a la Ley de Concertación Tributaria y Seguridad Social; tanto que el 44.7 por ciento de los negocios disminuyeron las operaciones, el 38.2 por ciento recurrió a recortar personal, el 36.8 por ciento compró insumos más baratos y el 15.8 por ciento ha tenido que reestructurar los contratos.
Otro de los hallazgos fue que el 76.3 por ciento ha tenido que ajustar sus productos como una estrategia de venta, mientras el 68.4 por ciento se ha diversificado y el 46.1 por ciento ha incrementado sus precios. Funides detalló que el principal golpe económico fue con la reforma tributaria aprobada de febrero de 2019 y ejecutada desde marzo de ese año.
“Vemos que un futuro incremento en los costos de operación o producción en las empresas las va obligar a realizar ajustes en un contexto donde ya han implementado, no solo un ajuste, sino múltiples ajustes. El panorama al que se van a enfrentar es más complicado porque de dónde van a reducir más, si ya han hecho distintas medidas para poder ajustarse a la situación actual”.
Efectos de las reformas
Otro descubrimiento en la investigación es que el 84.6 por ciento los negocios inscritos en la Dirección General de Ingresos (DGI) son seriamente afectados por el aumento en la energía eléctrica, el 57.7 por ciento por el pago de impuestos o bienes antes exentos, el 44.2 por ciento por el aumento en el aporte al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el 17.3 por ciento por la retención del IVA por venta de pan y 11.5 por ciento por el cambio en la alícuota del pago mínimo definitivo.
El 90.6 por ciento de los encuestados señalaron que no tienen conocimientos sobre las exoneraciones, lo que para los investigadores apunta a una necesidad de realizar talleres o charlas sobre cómo hacer este proceso en línea. De este grupo, el estudio detalla que el 54.2 por ciento conoce las exoneraciones disponibles para su sector y el 57.7 por ciento no utiliza las exoneraciones aunque tenga conocimientos sobre ellas.
Funides explica que las personas de este sector que dejaron de utilizar las exoneraciones se dio con el cambio en línea hace 12 meses. El 46.2 por ciento de los entrevistados aduce que los trámites son complicados, el 26.9 por ciento que desconoce las leyes y procedimientos, el 23.1 por ciento manifiesta que la documentación es excesiva, el 23.1 por ciento muestra falta de interés y el 19.2 por ciento presenta problemas al intentar acceder.
El estudio se realizó con 99 empresas en los municipios de Masaya, Nandasmo, Masatepe, Nindirí, Diriomo, Catarina, Jinotepe, Diriamba y La Trinidad, Estelí.
