Carlos Trujillo señala que el régimen de Daniel Ortega «intenta engañar al mundo para que crea que los nicaragüenses viven en paz y seguridad»

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, a través de su cuenta de Twitter dejó clara su posición ante la liberación de algunos de los presos políticos que realizó el régimen de Daniel Ortega, la mañana de este lunes, 30 de diciembre, la cual catalogó como «un intento de engañar al mundo para que crea que los nicaragüenses viven en paz y seguridad».

Mientras el régimen de Ortega intenta engañar al mundo para que crea que los nicaragüenses viven en paz y seguridad, los hechos muestran la realidad. El informe de la @OEA_Oficial emitido en noviembre de 2019 señala acciones que socavan y perjudican la democracia. Lee el informe https://t.co/IZkctmkDHJ

— Carlos Trujillo (@USAmbOAS) December 30, 2019

Trujillo es miembro de la Comisión del Alto Nivel de la OEA que da seguimiento a la crisis de Nicaragua. Ese grupo presentó en noviembre de este año un informe conclusivo sobre el trabajo realizado por mandato del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Medellín, Colombia, en junio de 2019. El representante de Estados Unidos no cree en las acciones de Daniel Ortega y asegura que «los hechos muestran la realidad».

También insistió en que el documento de de esta Comisión «señala acciones que socavan y perjudican la democracia». Un documento de 13 páginas que recopila denuncias y testimonios de ciudadanos, organismos de derechos humanos, periodistas, miembros de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, madres de víctimas de la represión, familiares de presos políticos, Movimiento Campesino y médicos que atendieron a heridos y fallecidos desde abril de 2018.

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Las conclusiones resultan demoledoras contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a que señala que «los mecanismos de control y subordinación que el Gobierno de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho».

Por otro lado, el informe indica que “para el restablecimiento del sistema democrático en el país resultan imprescindibles y urgentes las necesarias reformas institucionales, comenzando por una reforma integral del sistema electoral que permita la celebración de elecciones justas, libres y transparentes en el país, con ajuste a los estándares interamericanos”.

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Otra de las conclusiones de este informe es que «la falta de libertades en el país es grave, pues genera una situación crítica en lo que respecta a las libertades civiles y políticas, que deben ser restablecidas a fin de restablecer el Estado de derecho (…)». Además la Comisión considera “imperativo” que el régimen genere en el país las condiciones “que garanticen el cese de las violaciones a los derechos humanos, cerciorándose de que no se repitan y brindando justicia y reparación a las víctimas. Sin ello resultará imposible devolver la paz y la estabilidad que el país y los nicaragüenses merecen”.

Finalmente, la Comisión opina que “la grave y continua violación de derechos humanos, así como el abuso de poder por el Gobierno de Nicaragua contravienen su propia Constitución de 1987, lo que da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se describe en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.