El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, a través del informe “Volviendo a ser humano” documentan más de 55 testimonios de excarcelados políticos sobrevivientes a las detenciones ilegales, actos de torturas, tratos crueles y degradantes perpetrados por la Policía y grupos paramilitares de mayo a diciembre 2018. Según los relatos, las víctimas fueron torturadas en fincas y casas del partido del gobierno.
En el informe se detalla cómo ocurrieron las detenciones masivas en la llamada “Operación Limpieza”, con la cual el régimen orteguista tiró a las calles a grupos armados y guardias para levantar a punta de balas las barricadas colocadas por los pobladores para protegerse de los ataques de la dictadura.
Para el Colectivo las acciones perpetradas por el órgano represor son evidencias de las “violaciones a los derechos humanos que constituyeron como respuesta del Estado que incluyó graves crímenes, asesinatos, lesiones, negación de asistencia médica y severas restricciones a la libertad de expresión y asociación”.
Asimismo, manifiestan que se hace visible las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de las que fueron víctimas los excarcelados políticos quienes ante la amenaza de ser apresados en la actualidad se encuentran exiliados para resguardar sus vidas.
Por otro lado, denuncian que los centros de detenciones policiales, penitenciarios y clandestinos utilizaron métodos de torturas y pone al descubierto que “algunos de los centros clandestinos eran fincas o casas del partido del gobierno”, lo que evidencia que el Estado de Nicaragua es responsable de la conducción de una política de represión, persecución, criminalización y discriminación, ejecutada por distintas instituciones, funcionarios, quienes deben ser investigados.
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Según el Colectivo, las personas entrevistadas coincidieron en denunciar que fueron “víctimas de torturas, violaciones sexuales y sometimiento a tratos crueles como un método de castigo por oponerse al Gobierno y con la finalidad de obtener «confesiones»”, lo que el organismo califica como crímenes de lesa humanidad tipificados en la legislación
penal nicaragüense.
Entre los actos de torturas señalan el aislamiento prolongado, la práctica de desnudez forzada, los abusos sexuales y violencia sexual perpetrada por agentes estatales y paramilitares, los que fueron utilizados con la finalidad de anular la personalidad y voluntad de las víctimas como forma de pena o castigo.
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También el Colectivo remarca que todos los operadores de la administración de justicia en Nicaragua; la Policía, Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, Defensoría Pública, Centros Penitenciarios, Poder Judicial se encuentran sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo, ante la falta de independencia y autonomía que impidió que se controlaran los delitos y abusos excesivos de poder cometidos por el mismo Estado.
Finalmente, a través del informe “Volviendo a ser humano”, el Colectivo exige el cese de la represión, la libertad de todos los presos y presas políticas, la investigación y sanción a los responsables, así como la eliminación de todas las formas de tortura; para que estos hechos nunca más se repitan en Nicaragua.
