El comerciante opositor de la dictadura orteguista Álvaro Martín Mayorquín fue condenado por el régimen a cuatro años y seis meses de cárcel por el delito de robo agravado en perjuicio de una cambista identificada como Ángela del Carmen Zeledón, quien lo acusa de haberla despojado de la suma de tres mil dólares, durante un asalto registrado el 14 de diciembre de 2018.
El abogado Julio Montenegro, defensa legal del comerciante y miembro de la agrupación Defensores del Pueblo, denunció inconsistencias durante el proceso judicial. “En un momento determinado la supuesta afectada dijo que eran 30 mil dólares y sucede que eran tres mil (dólares), entre otras situaciones que no coinciden”.
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La supuesta afectada afirmó que el robo ocurrió el 14 de diciembre a la 1:30 de la tarde, sin embargo, la familia de Mayorquin tiene como prueba un video de la cámara de seguridad del tramo donde laboraba el reo político, en el que se le ve, exacatamente a la hora en que supuestamente estaba realizando el asalto a más de cuatro kilómetros de distancia.
“Hay una situación de injusticia cuando toda la prueba de la defensa prácticamente fue eliminada, solo se permitió cuatro testimoniales, a pesar de que esas testimoniales fueron contestes y asertivas en decir que Álvaro Martín se encontraba en otro lugar y haciendo otra actividad distinta y en este caso trabajando en un negocio de su familia, a la misma hora, qué casualidad, a una distancia más o menos de unos 25 o 30 minutos, sin embargo la autoridad judicial estimó considerarlo culpable”, señaló Montenegro.
Ante esta condena arbitraria dictada al comerciante, su defensa afirmó que interpondrán un recurso de apelación. “Hemos sido notificados el día viernes 20 de septiembre, son seis días los que la ley establece para uso del recurso de apelación, tenemos hasta el lunes para interponerlo (…), vamos a seguir agotando las etapas procesales y avanzando la situación de casos políticos donde a los privados de libertad se le están imputando delitos comunes.
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El comerciante había sido condenado a nueve meses de prisión por el delito de portación ilegal de armas, sin embargo la judicial había estimado que llevaría el proceso en libertad. Fue en ese momento que las autoridades lo señalaron de robo agravado. La familia recientemente señaló que esta acusación en su contra es una represalia por haber participado activamente en las protestas antigubernamentales iniciada en abril de 2018, incluso participó en los tranques instalados en el mercado Oriental.
