Después de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),en Ginebra, Suiza, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), donde negó que en Nicaragua se violan los derecho humanos, diferentes organismos sociales del país rechazaron la posición del embajador enviado por Ortega.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló a través de un comunicado de prensa que el régimen “miente una vez más ante la comunidad internacional”. El organismo defensor de derechos humanos que fue ilegalizado por la dictadura con la eliminación de su personería jurídica y la confiscación de sus oficinas, criticó con dureza el reporte oficial que niega las graves violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
“Consideramos que el régimen una vez más miente con descaro ante la comunidad internacional al imputar al CENIDH y otras organizaciones no gubernamentales por hechos delictivos, para justificar el arbitrario e ilegal despojo de nuestra personería jurídica (…), las mentiras del régimen solo intentan encubrir su falta de voluntad política para responder a cada una de las recomendaciones que en materia de derechos humanos le hicieran los Estados miembros de la ONU, durante el último EPU”, señaló el organismo defensor de derechos humanos.
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Por su parte el Comité Pro- Liberación de Presos y Presas Políticas expresó su total repudio a la reciente respuesta brindada por el régimen respecto de las recomendaciones resultantes del EPU, una evaluación periódica que tiene por objetivo que el Estado de Nicaragua, como miembro de Naciones Unidas, cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos.
“Teniendo en cuenta la respuesta estatal, totalmente alejada de la realidad, el Comité desea denunciar una vez más ante la población nicaragüense y la comunidad internacional las flagrantes violaciones de derechos humanos que continúan sufriendo nuestros familiares, prisioneros políticos, quienes enfrentan condiciones infrahumanas, que incluyen toda clase de humillaciones, malos tratos y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Nosotros, sus familias también recibimos malos tratos a la hora de las visitas”, rechazó la organización a través de una nota.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó un total de 259 recomendaciones al Estado de Nicaragua para encontrar una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018.
Del total de recomendaciones, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aceptó únicamente 135 y rechazó 124, de las cuales, 100 de ellas estaban relacionadas con la crisis que vive el país y las graves violaciones de derechos humanos a los nicaragüenses, perpetrados por el régimen.
Los países miembros de la ONU demandaron a la dictadura se respete el derecho a la movilización, manifestación pacífica, libertad de expresión y libertad de prensa, la liberación de más de 130 presos políticos, el ingreso de los mecanismos especiales como la CIDH y OACNUDH, además demandaron el desarme de paramilitares como también se investiguen los responsables de los más de 328 asesinatos durante las protestas.