En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),en Ginebra, Suiza, adoptó un total de 259 recomendaciones al Estado de Nicaragua para encontrar una salida a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018.
Del total de recomendaciones, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aceptó únicamente 135 y rechazó 124, de las cuales, 100 de ellas estaban relacionadas con la crisis que vive el país y las graves violaciones de derechos humanos a los nicaragüenses, perpetrados por el régimen.
#EPU – El Estado de #Nicaragua sigue negando la realidad de violaciones de ddhh en el país, lo que demuestra falta de compromiso por restablecer garantías y derechos.
— Race and Equality (@raceandequality) September 20, 2019
“Creemos que el EPU es un mecanismo útil para contribuir en el fortalecimiento de los Derechos Humanos de todos los Estados. No aceptamos sin embargo, que se utilice con fines distintos a los que fue concebido, contradiciendo la Resolución 5/1 del CDH, que establece como sus principios la naturaleza cooperativa basada en información objetiva y fidedigna; así como el desarrollo del mismo de manera objetiva, transparente, que evite la confrontación y la politización”, manifestó Carlos Morales, embajador de Nicaragua ante la ONU.
Los países miembros de la ONU demandaron a la dictadura se respete el derecho a la movilización, manifestación pacífica, libertad de expresión y libertad de prensa, la liberación de más de 130 presos políticos, el ingreso de los mecanismos especiales como la CIDH y OACNUDH, además demandaron el desarme de paramilitares como también se investiguen los responsables de los más de 328 ciudadanos asesinados durante las protestas.
“Se reitera el rechazo a las afirmaciones infundadas, inventadas y alejadas de la realidad que vive Nicaragua”, señaló el enviado de Ortega.
“El Gobierno de Nicaragua continuará trabajando en favor de los Derechos Humanos, libertades fundamentales, derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses. Se solucionarán las dificultades que surjan en nuestra sociedad, similares a la de todas las naciones, con mecanismos pacíficos, donde impere el diálogo respetuoso entre las partes, la legalidad, la institucionalidad”, manifestó el embajador de Nicaragua.
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En el documento preliminar presentado por la delegación de Ortega afirma que no descarta “adherirse a instrumentos internacionales de derechos humanos de los que no es parte”. Además, agrega que “el Gobierno de Nicaragua continuará siendo respetuoso de sus obligaciones internacionales y colaborando eficaz y efectivamente con la ONU. El pasado 2 de mayo de 2019, fueron presentados todos los informes pendientes ante los órganos de los tratados, cumpliendo en su totalidad con esta obligación internacional”.
“No hay presos políticos”
En este sentido, la tiranía negó que en el país existan presos políticos e hizo mención que estos fueron liberados en su totalidad el 11 de junio, mediante la aprobación de la criticada Ley de Amnistía.
“Las recomendaciones 125.66 y la 125.75 ya se encuentran cumplidas, puesto que en cumplimiento de la Ley de Amnistía, todas las personas presas en el contexto de los hechos de violencia iniciados el 18 de abril de 2018, gozan de libertad, con el compromiso de no repetición”.
Sin embargo, organismos internacionales certifican la lista oficial de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde señala que 126 ciudadanos continúan secuestrados en los sistemas penitenciarios del país, señalados de cometer delitos comunes, para desacreditar que en el país existen presos políticos.
“Se continuará garantizando el derecho de concentración, manifestación y movilización pública”
Otra de las mentiras dichas por el embajador de Nicaragua ante la ONU es que en Nicaragua se respeta el derecho constitucional de la libre manifestación y movilización pacífica. sin embargo, recientemente la Policía orteguista se negó a recibir una solicitud de marcha, emitido por la oposición, quienes pretenden marchar este sábado en Managua.
“Se continuará garantizando el derecho de concentración, manifestación y movilización pública y como todo país, estos derechos deben ser ejercidos en apego a las leyes y normativas, que para el efecto, se encuentran establecidos para garantizar la seguridad, el orden interno y el bien común de todos los nicaragüenses, tomando en cuenta que los derechos de una persona se encuentran limitados por los de los demás”.
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Finalmente, los países miembros de la ONU ratificaron y adoptaron los resultados del Examen Periódico Universal que se propusieron en mayo pasado, donde más de 100 delegaciones coincidieron que el dictador Ortega y su mujer han violado gravemente los derechos humanos de los nicaragüenses y que el país carece de justicia y democracia.
Documento presentado por el gobierno de Nicaragua ante la ONU