Los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, aprobada por la dictadura el ocho de junio de este año. En total, nueve abogados de la organización interpusieron los recursos a título personal.
El Minsa inauguró en el edificio confiscado al Canal 100% Noticias el Centro de rehabilitación para personas alcohólicas y drogadictas «Valentín Méndez». De esta forma, la dictadura intenta disfrazar uno más de sus actos grotescos contra la prensa independiente de Nicaragua. En la fachada del local montaron la estampa sonriente de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las paredes la sellaron con el rosado chicha impuesto como marca del régimen por la vicedictadora sancionada.
El director de la CPDH, Marcos Carmona, afirmó que esta ley aprobada por la dictadura pretende dejar en la impunidad los delitos cometidos por la Policía y grupos paramilitares, que asesinaron a más de 325 ciudadanos durante las protestas iniciada en abril de 2018.
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“Hacemos esto porque creemos importante que esta ley que el gobierno ha impulsado a través de la Asamblea Nacional lo que pretende es que haya impunidad en cuanto a los crímenes que se cometieron, en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, en cuanto a las torturas, a los abusos sexuales y para nosotros como defensores y nicaragüenses creemos que debe prevalecer la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, señaló Carmona.
La CPDH espera que en un término mínimo de tres meses la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre estos recursos. “Una vez que la Corte haya informado al Estado y solicitado el informe correspondiente a la Asamblea Nacional y al presidente de la República con respecto a su posición de la ley, luego de recibir los informes de ellos, declaran admisión de recursos y posteriormente pasa a estudios de la Corte”.
Organizaciones, Madres de Abril, FAD y Movimiento de Mujeres recurrieron
Recientemente recurrieron contra la Ley de Amnistía, la organización de abogados independientes “Defensores del Pueblo”, la Asociación Madres de Abril (AMA), y el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y la Articulación Feminista, quienes también se sumaron a la iniciativa de interponer un recurso contra esta ley que pretende borrar los crímenes de Ortega.
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El abogado Julio Montenegro afirmó que con esta ley, Ortega cumplió con su objetivo de dejar en la impunidad los delitos cometidos durante la crisis. “Por un lado se pretende perdonar y olvidar a quienes no hay que perdonar y olvidar nada porque simplemente no han cometido delitos, por otro lado se pretende dejar sin establecerse un proceso de justicia en contra de aquellas personas, civiles armadas que de alguna manera privaron de la vida a algunos ciudadanos, que torturaron, secuestraron y cometieron una serie de tropelías”, dijo el abogado Montenegro.
Entonces la CPDH y todos esos llamados grupos de derechos humanos, incluido el de Julio Montenegro, quieren que todos vuelvan a la cárcel, para continuar hacer el show con los llamados “presos políticos”, si no hay presos, no hay billetes, así es que todos regresen a la modelo, porque es inconstitucional la ley que los libero según estos organismos