Auditorías realizadas por Contraloría son superficiales. Dicen que todo está de acuerdo a la ley a pesar de las pruebas presentadas por Artículo 66. Este medio de comunicación revisó más de dos mil archivos alojados en la web de la CGR. A pesar de que la investigación de este medio de comunicación reveló que Laureano Ortega sí recibió fondos de la Sepres en el 2016, 2017 y 2018 para Incanto, las auditorías no encontraron este inusual gasto en esas instituciones públicas.
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La carta de acceso a la información que Artículo 66 envió el 18 de julio a la Contraloría General de la República (CGR), en la que solicitamos conocer los informes de ejecución presupuestaria de la Presidencia de Nicaragua durante los años 2016, 2017 y 2018, fue respondida el 30 del mismo mes, sin embargo, el contenido de dicho documento, generó más preguntas que respuestas.
El 24 de julio este medio de comunicación publicó la investigación “Laureano Ortega y el millonario negocio de la ópera”, que reveló que el hijo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo solventó los gastos operativos de su organización con fondos de la Presidencia de la República por un monto total de 8 millones 384 mil 439 córdobas, de acuerdo con balances firmados y sellados por el Ministerio de Gobernación (Migob), la Secretaría de la Presidencia (Sepres) y comprobantes de cheques, desembolsados desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que fueron entregados a Artículo 66 por altas fuentes de estas instituciones del Gobierno.
Dayra Valle, investigadora y especialista en transparencia presupuestaria y compras públicas, explicó que los recursos de Presidencia y demás instituciones están sujetos a la rendición de cuenta y que la institución a la que le corresponde realizar esa fiscalización es la CGR.
“En teoría debe realizar auditorías a las instituciones públicas. Sabemos que es parte de la función que tienen porque así lo dicta su ley orgánica, pero lamentablemente ellos han señalado que no hacen auditorías en todas las instituciones”, cuestionó.
La respuesta de la CGR a la carta de solicitud de acceso a la información fue la siguiente:
Sin embargo, los informes publicados en el sitio web de la CGR, referentes a las supuestas “auditorías” que realizó esa institución del Estado a la Presidencia y la Sepres, no detallan absolutamente nada sobre lo que preguntó Artículo 66, asimismo, lo que está alojado en formatos PDF son resoluciones y resúmenes en los que dan el visto bueno de todo lo que “revisan”.
Por ejemplo el informe de auditoría financiera de la Sepres, derivado de la revisión al Estado de Ejecución presupuestaria de la Vicepresidencia, correspondiente del primero de enero de 2016 al mes de septiembre de ese mismo año, solo enumera los procedimientos que se realizaron en la auditoría y no detalla exactamente cuáles fueron las áreas que se revisaron. Los resultados, de acuerdo al mismo documento, es que la “ejecución presupuestaria” estuvo apegado a la ley y que no encontraron ninguna irregularidad. Al final del documento (de tres páginas) se acepta esta auditoría interna y explica que la misma fue votada por todos los miembros del Consejo Superior de la CGR.
Artículo 66 revisó más de dos mil archivos alojados en la web de la CGR. Todas los documentos son similares al anteriormente descrito. A pesar de que la investigación de este medio de comunicación reveló que Laureano Ortega sí recibió fondos de la Sepres en el 2016, 2017 y 2018, las auditorías de la CGR no encontraron este inusual gasto en esas instituciones públicas.
En el 2016 la CGR no ejecutó ninguna auditoría a la Sepres y a la Presidencia de fondos propios. Las firmas privadas tampoco centraron su atención en estas entidades gubernamentales. Lo único que aparece registrado ese año son informes correspondientes a años anteriores o temas específicos, en los que naturalmente todo “está en orden”.
En el 2017 la Contraloría tampoco gastó dinero para realizar auditorías con fondos propios y con las firmas privadas. De nuevo presentaron algunas resoluciones en las que, otra vez, todo estaba en orden, pese a que en ese año Incanto recibió más de cuatro millones de córdobas de la Sepres. En el 2018 la tónica fue la misma.
Es más, en lugar de aumentar la fiscalización a la Sepres y la Presidencia, la CGR disminuyó el número de auditorías a partir del 2016, año en que se creó Incanto, y en el que comenzó a recibir fondos públicos.
La respuesta de la CGR deja en evidencia la falta de información que existe respecto a la ejecución de gastos en instituciones del Estado, asimismo, deja en evidencia que su papel de fiscalización está completamente disminuido, al menos con Presidencia y la Sepres.
Artículo 66 llamó varias ocasiones a María Dolores Alemán, hija del expresidente Arnoldo Alemán, y miembro propietario del Consejo Superior de la CGR, para preguntar más detalles sobre estas supuestas auditorías que encontraron “todo en orden”, sin embargo la funcionaria nunca respondió nuestras llamadas.
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Lea toda la serie de nuestra investigación:
Cómo van a encontrar incorformidades en las ejecuciones presupuestales si ellos los contralores son una manija de delincuentes, no están ahí por sus capacidades y menos por sus virtudes de honestidad, honradez, transparencia, y todas aquellas que deben tener estos funcionarios, imagínense la hija Alemán que puede decir si su padre debería estar preso y ella misma por delincuentes. Por favor no hay que gastar polvora en zopilote hay que pedir sanciones para estos degenerados también. CUANDO ESTOS ASESINOS Y CRIMINALES CAIGAN DEBEN RENDIR CUENTAS. VIVA NICARAGUA LIBRE!!!
Señores de arto. 66, será que saben que es una ejecución presupuestaria
Se olvido pedir paro, juliano