Laureano Ortega coquetea con el público, sonríe, asiente con la mirada. Inclina su rostro y agradece a los que están en sus butacas. Los asistentes corresponden los gestos del tenor. Aplauden, se ponen en pie. El hijo del presidente Daniel Ortega y también asesor de la presidencia de Nicaragua para las inversiones celebra el éxito del montaje del segundo Festival Pucciniano de la ópera y el canto, que fue presentado en el Teatro Nacional Rubén Darío, y organizado por la Fundación Nicaragüense del Canto (Incanto), de la cual es fundador y director ejecutivo.
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PRIMERA ENTREGA
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Primera entrega – Segunda entrega – Tercera entrega – Cuarta entrega
Fundación Incanto fue constituida por Laureano Ortega en septiembre de 2015. Sin embargo, fue hasta julio de 2016 que comenzó a operar de manera oficial. Desde esa fecha hasta abril de 2018, el hijo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo solventó los gastos operativos de su organización con fondos de la Presidencia de la República por un monto total de 8 millones 384 mil 439 córdobas, de acuerdo con balances firmados y sellados por el Ministerio de Gobernación (Migob), la Secretaría de la Presidencia (Sepres) y comprobantes de cheques, desembolsados desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que fueron entregados a Artículo 66 por altas fuentes de estas instituciones del Gobierno.
En los últimos tres años, el también encargado de la agencia de inversiones ProNicaragua ha sido el director, organizador y protagonista de su propio show musical y ha pagado cada montaje con dinero público. La documentación que se encuentra en poder de este medio detalla que los desembolsos a la Fundación destinados han sido los siguientes: en 2016 recibió cerca de 2 millones 800 mil córdobas; en 2017 el monto sobrepasó los 4 millones 200 mil y en enero, marzo y abril de 2018, se acercó al millón 300 mil de córdobas.
En el año 2016, Incanto recibió en el mes de julio casi 258 mil córdobas; en agosto un poco más de 450 mil 500 córdobas; en septiembre la cifra se elevó a más de 930 mil; en octubre más de 260 mil; en noviembre arriba de 530 mil y en diciembre la cantidad sobrepasó los 350 mil córdobas. Es decir, que durante 2016, Laureano Ortega recibió a través de su fundación casi 2 millones 800 mil córdobas.
Más fondos para Laureano Ortega
En el 2017, los montos mensuales desembolsados vinieron en incremento. Para enero de ese año se destinó a Incanto más de 264 mil 300 córdobas; en febrero fue superior a los 265 mil 300. Para marzo, el fondo alcanzó los 266 mil; en abril 267 mil 300 córdobas; en mayo la cifra alcanzó los 268 mil 500 córdobas; en junio se acercó a los 270 mil; en julio se elevó a 435 mil 480; en agosto llegó a los 436 mil; en septiembre un poco más de 439 mil; en octubre los 440 mil 340 córdobas; en noviembre cerca de 442 mil 500 córdobas y en diciembre más de 444 mil. El total en 2017 del desembolsó sumó los 4 millones 240 mil córdobas.
Ya para 2018, la Fundación recibió en enero más de 446 mil 630 córdobas; en marzo cerca de 450 mil córdobas y en abril más de 450 mil 600 córdobas para totalizar el millón 300 mil córdobas, solo en esos primeros tres meses a los que tuvimos acceso.
De acuerdo a la alta fuente oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Incanto recibió durante cada mes, a partir de julio de 2016, una suma mensual que era solicitada con antelación a la Secretaría de la Presidencia (Sepres) por el mismo Laureano Ortega. Esta institución ordenaba al Ministerio de Hacienda que emitiera un cheque fiscal a nombre de la Fundación bajo el concepto de “transferencias corrientes”.
Hacienda enviaba el cheque fiscal a las oficinas de la Sepres y este era retirado por la administración de Incanto para luego depositarlo en una cuenta bancaria en el Banco de América Central (BAC). En algunas ocasiones los depósitos eran efectuados a nombre de “Presidencia” y en otras solo eran registrados bajo el concepto de “depósito de donación” o “Transferencia”. Incanto también hacía los depósitos a nombre de sus empleados sin que estos se dieran por enterados, de acuerdo a la explicación ofrecida por la fuente oficial de la Sepres.
El capricho de Laureano hecho realidad
Quienes conocen a Laureano Ortega saben de la obsesión que el hijo del presidente ha tenido desde pequeño con el canto, los escenarios y los reflectores. Una fuente cercana al entorno del también asesor de inversiones, confió a Artículo 66 que Laureano recibió clases privadas a los 17 años, con el maestro Alberto San José Molina, quien actualmente es coordinador académico, y representante legal de Incanto.
Motivado por los elogios de su profesor, Laureano ingresó al Conservatorio de Música de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) a estudiar el nivel medio de música. La información confiada por la fuente cercana al entorno del hijo del presidente, es corroborada en la página web de la Fundación, que además agrega que en el 2003 y 2005, Ortega realizó estudios superiores en “dos importantes conservatorios de música de Italia”. Uno de ellos es el Luigi Boccherini, de Lucca, y el Giuseppe Verdi, de Milano. Finalmente participó en cursos de profesionalización en el “Gran Teatro Puccini de Italia”.
En febrero de 2012, antes de crear la Fundación Incanto, Laureano representó uno de los papeles estelares, “Turiddu”, en la ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, en el Teatro Nacional Rubén Darío. Y en mayo del 2015 interpretó el papel de Roberto en la gala Le Villi de Pietro Mascagni, aquí mismo en Managua. Fue esta última obra que motivó al “chigüín” a constituir su propia fundación, de la mano de su maestro de la adolescencia, San José Molina, y de otros amigos que conoció en su andar artístico.
Ver La Gaceta con publicación de la creación de Incanto
Cuatro meses después, Fundación Incanto fue inscrita en el Ministerio de Gobernación bajo el número perpetuo 6221, del folio 7418-7429, tomo V, libro 14, el 22 de septiembre del año 2015, con domicilio legal o sede principal en Managua, y con un capital total de 100, 000 córdobas. Los miembros fundadores, de acuerdo al libro de acta y a la propia página web de Incanto, son Elisa Picado, Ramón Rodríguez, Laureano Ortega, Moreno Gabrielli y Nelson Gutiérrez.
Los estatutos de la Fundación, según consta en el libro de acta y en la Gaceta, diario oficial, señalan en el artículo tercero que Incanto es de carácter civil, humanitario, apartidista, autónomo, sin fines de lucro y se rige bajo las leyes nicaragüenses. En el apartado quinto explica que, para el cumplimiento de su objeto, deberá poseer su propio patrimonio, el que inicialmente se establece en 100,000 córdobas, asimismo, deja claro que este también estará constituido por aportes voluntarios de sus miembros, contribuciones voluntarias, donaciones, herencias, legados, usufructos que recibiere de personas que sean naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.
La finalidad de Fundación Incanto, explicada en el mismo sitio web, refiere que obtendrá “fondos provenientes de la colaboración de empresas privadas” para “su canalización en actividades promotoras del arte y de sus distintas manifestaciones”, sin embargo, los documentos en poder de Artículo 66, revelan que el dinero para los gastos salió, al menos en 2016, 2017 y 2018, única y exclusivamente de la Secretaría de la Presidencia, es decir, son fondos públicos que los administra a su antojo Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todo queda en familia.
Fundación Incanto se presenta como una “iniciativa de un grupo de artistas nacionales y de personalidades internacionales interesadas en promover el arte en Nicaragua”. La información publicada dice que Laureano Ortega, junto a Elisa Picado, Alberto San José, Ramón Rodríguez (director del Teatro Nacional Rubén Darío), Nelson Gutiérrez y el “excelentísimo cónsul de Nicaragua en Viareggio”, Moreno Gabrielli, tomaron la iniciativa de crear una figura jurídica “sin fines de lucro” para la promoción del arte en Nicaragua, dando énfasis en la promoción de la Ópera.
A pesar de que los medios de comunicación oficialistas citan al hijo del presidente como director ejecutivo en cada una de sus notas, y que en los programas de mano de los festivales organizados por Incanto salga su nombre con este cargo, en la página web quien figura como director ejecutivo es San José Molina.
En La Gaceta, diario oficial, la publicación sobre la inscripción de la Fundación solo hace referencia a los miembros fundadores, pero no los enumera. Eso sí, el documento detalla que el presidente de la Fundación es San José Molina, el vicepresidente es Ramón Rodríguez, la secretaria Elisa Picado, el tesorero Nelson Gutiérrez y el vocal Moreno Gabrielli.
“Es su capricho hecho realidad. No hay que darle más vueltas al asunto. Él mismo la fundó, él mismo la dirige y de la misma presidencia sale el dinero para el montaje de todas sus obras. Él es la estrella porque así lo decidió”, afirmó bajo anonimato un miembro de la Camerata Bach, la más importante del país.
En febrero del 2018 el Gobierno del caudillo Daniel Ortega “donó” a la Fundación Incanto un espacio de oficina en el puerto Salvador Allende. A partir de esa fecha, la organización de Laureano atiende a todas las personas que están interesadas en ser parte de los proyectos que promueven constantemente.
“Es para nosotros esta mañana un motivo de mucha satisfacción, que a través del apoyo de nuestro Gobierno podamos tener un espacio más para la cultura, y hemos venido trabajando en función de promover el arte lírico”, manifestó Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío. En la actividad también estuvo Laureano Ortega, quien se mostró satisfecho por la inauguración de las nuevas oficinas.
Del sueño cumplido al Laureano sancionado
“Él no solo quería ser cantante. También quería estar de lleno en los negocios de la familia. Su madre depositó en él una gran confianza. Es el que más responsabilidad tiene. Creo que por eso es tan paranoico”, relató la fuente cercana al entorno de la familia presidencial a Artículo 66.
El sueño de ser cantante fue cumplido. La ilusión de pertenecer al círculo empresarial de la familia fue materializada en el 2009, cuando en ese momento Javier Chamorro, director ejecutivo de Pro Nicaragua, confirmó a El Nuevo Diario que el hijo del mandatario nicaragüense era asesor de la presidencia en Pro Nicaragua.
“Es una posición de asesor”, confirmó Chamorro, quien también corroboró que Pro Nicaragua, recibía dinero del PGR, aunque descartó que hubiese tráfico de influencia de parte del Gobierno al tener a Laureano en el equipo.
De acuerdo al artículo 130 de la Constitución Política de Nicaragua el nombramiento de Ortega como asesor es prohibido. En este apartado se establece que “en todos los poderes del Estado y sus dependencias, así como en las instituciones creadas en esta Constitución, no se podrá hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento y, en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad. Para los nombramientos de los funcionarios principales regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley regulará esta materia”. Sin embargo, la disposición del presidente Daniel Ortega nunca fue objetada.
En su aventura como asesor presidencial, Laureano viajó años más tarde hasta China, donde vendió la idea de la construcción del gran Canal Interoceánico de Nicaragua al empresario Wang Jing. La mega obra trajo consigo el repudio nacional y la lucha incansable de los campesinos que se opusieron a entregar sus tierras para el ambicioso plan de la familia presidencial. Aunque el sueño no se ha hecho realidad, su pretensión lo puso en la lupa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que el 17 de abril de 2019 lo sancionó.
La nota publicada por el Departamento del Tesoro señala que Laureano fue sancionado por ser funcionario del régimen orteguista y por su rol como Asesor de Promoción de Inversiones de Pro Nicaragua. De acuerdo al documento, desde esa posición, Ortega actúa como una extensión de la dictadura, supervisando las propuestas y demás proyectos de inversión.
“A partir de 2018 se involucró en negocios corruptos en los cuales inversionistas extranjeros pagaron por un acceso preferencial a la economía nicaragüense. Además, coordinó las tareas ejecutivas para el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y estuvo en el centro de su creación. A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, las cifras del régimen de Ortega, incluido Laureano, continúan utilizando la compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la ruta planificada del canal”, explicó el Departamento del Tesoro.
Tráfico de influencias y opacidad de fondos públicos
El artículo 450 del Código Penal de Nicaragua refiere que todo aquel funcionario público, que, por sí, por su propia gestión, o por medio de otra persona como intermediario, influya en una persona de inferior rango o superior, en obtener una ventaja o un beneficio indebido, que le pueda generar a él directamente o a otras personas vinculadas a él, un provecho económico, estará cometiendo tráfico de influencia. La ley castiga este delito con la pena de cuatro a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período.
Tomando como referencia legal el artículo 450 del Código Penal de Nicaragua Laureano Ortega cometió tráfico de influencia durante los años 2016, 2017 y 2018, pues su fundación, de acuerdo a documentos en poder de Artículo 66, recibió montos millonarios de la Presidencia de la República, para pagar los gastos operativos de su organización.
“Él (Laureano) es un funcionario público. Adicionalmente tiene una relación de consanguinidad (hijo) con el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua. Los recursos (de Incanto) vienen de la Presidencia de la República y la organización privada que él tiene, está utilizando recursos públicos. El tráfico de influencia pudo venir por ambas vías. Pudo generar un tráfico de influencia directo al ser funcionario del Gobierno y también por tener una relación de consanguinidad con sus padres, que son quienes toman las decisiones presupuestarias, desde luego”, señaló Dayra Valle, investigadora y especialista en transparencia presupuestaria y compras públicas.
Valle explicó que, independientemente que su puesto sea ejecutivo o esté en la junta de asociados o como fundador, Laureano cometió tráfico de influencia porque tiene una vinculación en un puesto determinante, es hijo de la pareja presidencial, y porque Incanto recibió recursos públicos.
“Esos recursos deben estar sujetos a la rendición de cuenta y eso le corresponde a la Contraloría General de la República, que en teoría debe realizar auditorías a las instituciones públicas. Sabemos que es parte de la función que tienen porque así lo dicta su ley orgánica, pero lamentablemente ellos han señalado que no hacen auditorías en todas las instituciones”, cuestionó.
La investigadora explicó que las organizaciones que reciben dinero público como Incanto, deberían de estar siendo mayormente fiscalizadas. No obstante, la información que ellos entregan, como parte del elemento de la transparencia presupuestaria, no permite ver ese grado de desglose y lo que genera es una gran opacidad que evita que conozcamos en qué exactamente se gastó el dinero.
“Todos esos recursos deben ser fiscalizados y debemos de conocer en qué se gastan por varias razones. Porque los recursos públicos deben estar bajo el escrutinio, porque cada peso, debemos saber en qué se gasta y cómo se gasta. Y porque en los últimos años hemos tenido reducciones presupuestarias. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tomar decisiones de priorización. La pregunta aquí es ¿el rol que juega esta organización es tan importante para que sea priorizada?”, insistió.
La experta cuestionó la priorización a Fundación Incanto frente a la reducción de presupuestos como el de Salud y Educación, o de otras organizaciones que brindan un servicio similar. “¿Este es un proyecto que genera valor público? Es decir, ¿es un proyecto que se ajusta a las necesidades de la mayoría de ciudadanos? Yo no digo que la cultura no sea importante, pero lastimosamente cuando hay que tomar decisiones o estamos en crisis, como la actual, las decisiones de priorización deben estar bien orientadas”, consideró.
La especialista lamentó la opacidad que existe en torno a los recursos ofrecidos a fundaciones como Incanto, los cuales no están reflejados a cómo deberían en el Presupuesto General de la República. “Lastimosamente hay mucha opacidad. Eso no nos permite determinar las priorizaciones que tenemos como país”, indicó.
Si la corrupción fuera legal
Si el tráfico de influencia fuera permitido en Nicaragua, la Fundación Incanto tendría dos formas legales que le permitirían la obtención de fondos públicos para costear sus gastos de operación. Una es directamente del Presupuesto General de la República y la otra a través de Instituciones del Estado que destinan una parte de sus partidas a organizaciones o fundaciones del sector social.
Artículo 66 analizó el anexo del Presupuesto General de la República, en el apartado “detalle de Subvenciones a Organizaciones sin Fines de Lucro, centros culturales y deportivos” desde 2016 hasta 2018, y no encontró registros de Fundación Incanto. No aparece en ninguna de las listas detalladas en el documento.
La documentación en poder de este medio revela que Incanto rinde informes a dos instituciones del Gobierno: el Migob y la Sepres. Si la Secretaría financia esta Fundación, como consta en los documentos e informes entregados a Gobernación, la rendición de cuentas debería estar en el gasto corriente de esta última entidad nacional, explicó Leonardo Labarca, especialista independiente en temas presupuestarios.
“La estructura del Presupuesto no lo muestra. Dentro de la información que presenta hay vacíos. De un 100%, el Gobierno solo brinda alrededor de 46% y dentro de esas limitaciones está la rendición de cuentas del gasto corriente que es la que menos información presenta en cualquiera de los documentos presupuestarios”, aclaró Labarca a Artículo 66.
El especialista consideró que esta información que es ocultada a los ciudadanos, podría permitirnos conocer el detalle de la información de rubros o partidas presupuestarias que están muy generales, como, por ejemplo, las transferencias corrientes a instituciones privadas del sector social, donde quizás estaría Fundación Incanto.
“Pero no lo sabemos. ¿Quiénes son esas empresas o instituciones beneficiadas? Si el Gobierno quisiera ser transparente, debería de publicar un cuadro, un anexo donde se muestre información de esas instituciones financiadas directamente por el Presupuesto General de la República o a través de una institución ministerial o Poder del Estado”, detalló Labarca. Insistió en el que problema más grave es que en ese desglose general, no existe un dato que permita conocer en qué se gasta el dinero de esa institución estatal.
“El detalle del gasto corriente del presupuesto de la Presidencia de la República se subdivide en diferentes programas, entre ellos, el de la Sepres. En el 2018 el único proyecto que realizó transferencias corrientes fue el Despacho de la Presidencia y por un monto de 18.2 millones de córdobas. Y luego la Vicepresidencia de la República por 3.6 millones. La Sepres no refleja ninguna transferencia corriente. Entonces realmente no se sabe de qué proyecto salió el dinero para Incanto, porque transferencias corrientes si hubo, pero no se puede determinar de qué proyecto salió”, aseguró Labarca.
El informe de transferencias corrientes de 2016 también es muy general. A pesar de que la documentación en poder de Artículo 66 dice que el dinero fue otorgado por la Sepres en ese año, este proyecto no realizó ninguna transferencia. Los únicos, otra vez, fueron el Despacho de la presidencia con 12,713,200 córdobas y la Vicepresidencia con 3,896,080.
En el 2017 ocurrió lo mismo. El Despacho de la presidencia realizó transferencias corrientes por un monto de 16.8 millones de córdobas, y la Vicepresidencia por 3.4 millones de córdobas. En pocas palabras, el dinero que recibe la Fundación Incanto sí sale de la Presidencia de la República, sin embargo, no es posible detallar de cuál proyecto en específico.
A Dayra Valle, investigadora y especialista en presupuesto y compra, le parece extraño que si Incanto rinde informes a Gobernación y a la Sepres, no aparezca el detalle de esos gastos en el PGR. “Eso me hace pensar que hay mayor opacidad. O sea, están encubriendo algo. En el presupuesto debería la asignación de gasto corriente y gasto de capital, pero no existe, y esta intermediación de la Presidencia genera ruido”, analizó.
Suena el teléfono de Incanto
Durante varias semanas Artículo 66 llamó a la oficina de la Fundación Incanto, localizada en el Puerto Salvador Allende. La mayoría de ocasiones no contestaron las llamadas y en otras salió el buzón de mensaje. El martes 16 de julio finalmente contestaron nuestra comunicación.
El teléfono repicó en tres ocasiones
- Buenas tardes, Fundación Incanto
- Buenas tardes. Llamamos de Artículo 66
Luego de identificarnos la recepcionista colgó el teléfono. Llamamos nuevamente, pero salió el buzón. Artículo 66 continuó llamando el miércoles 17 y el jueves 18, sin embargo, no respondieron más.
También solicitamos a la Contraloría General de la República un informe de auditoría de la presidencia desde el año 2016 hasta el 2018. La carta fue recibida, dijeron que iban a contactarse con el medio, pero seguimos esperando.
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Lea toda la serie de nuestra investigación:
Bendito sea Diós que nos salimos de ahí un par de años antes en cuanto notamos incongruencias internas tales como discriminación por motivos de pensamiento político y trato preferencial a artistas extranjeros mientras nosotros teníamos que vender entradas para sacar nuestro salario,,, Trabajar en obras y recitales en Sala Mayor con pistas de pésima calidad hechas al ordenador por el músico de la corte Nelson Gutierrez para no pagar a músicos nacionsles quienes reclamaban por mejores salarios que por lo menos equivaliesen a la mitad de lo que ganaban los músicos italianos invitados.
Maestro Cansino gracias por su honestidad. Bendiciones
En la foto que tiene como titulo “El caudillo Daniel Ortega acompaña a su hijo Laureano Ortega en el Segundo Festival Pucciniano realizado en el 2017.” En la parte de atrás aparece el asistente personal de Laureano, soy muy cercano a el y lo conozco. Hoy en esos días es testaferro del dinero de Laureano, se llama Eduardo Roman.