Artículo 66 realizó una investigación periodística que refleja lo que ha representado para el hijo de la pareja presidencial y sancionado por los Estados Unidos, Laureano Ortega, el millonario negocio de la ópera. Fundación Incanto fue constituida por el tenor de los Ortega-Murillo en septiembre de 2015. Sin embargo, fue hasta julio de 2016 que comenzó a operar de manera oficial.
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Desde esa fecha hasta abril de 2018, el hijo de la pareja de dictadores solventó los gastos operativos de su organización con fondos de la Presidencia de la República por un monto total de 8 millones 384 mil 439 córdobas, de acuerdo con balances firmados y sellados por el Ministerio de Gobernación (Migob), la Secretaría de la Presidencia (Sepres) y comprobantes de cheques, desembolsados desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que fueron entregados a este medio de comunicación por altas fuentes de estas instituciones del Gobierno.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la liberación del paramilitar Pierson Gutiérrez Solís señalado de haber asesinado hace un año a la estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, quien fue ultimada a balazos cuando se dirigía hacia su vivienda en un residencial de Managua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la decisión del régimen que deja en la impunidad este crimen.
A un año del crimen de #RaynéiaLima, @PauloAbrao, S.E. de la #CIDH, afirmó: “Las violaciones graves de #DDHH no pueden ser sometidas a un procedimiento de amnistía. Este es un estándar legal interamericano consolidado en diferentes decisiones de la Corte”. https://t.co/FpP6EehQJf
— CIDH (@CIDH) 24 de julio de 2019
Ese organismo señaló a través de su cuenta de Twitter que “las violaciones graves de derechos humanos no pueden ser sometidas a un procedimiento de amnistía”. Mientras la madre de la joven asesinada calificó como una “payasada”, las acciones de las autoridades judiciales, además dijo que ella tiene conocimiento que el paramilitar responsable de la muerte de su hija nunca estuvo preso.
“¡Abajo la dictadura que va a caer, que va a caer! ¡Eran estudiantes, no eran delincuentes!, ¡Ortega escucha, seguimos en la lucha!”, fueron parte de las consignas que entonaron los estudiantes de la Universidad Centroamericana, quienes realizaron un plantón en el interior de las instalaciones de la UCA en conmemoración al Día Nacional de los Estudiantes, y también en honor a los asesinados por la dictadura durante las protestas iniciadas en abril de 2018. “Con permiso o sin permiso vamos a salir a marchar, es un derecho constitucional que nosotros los nicaragüenses podamos salir a protestar a las calles, todo el pueblo de Nicaragua que se desborde”, señaló Victoria Obando, exrea política.
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Horas después, la Policía orteguista en una conferencia de prensa con los medios al servicio del régimen informó que no permitirán la marcha convocada por los estudiantes este jueves, 25 de julio, porque “no cumple con los requisitos establecidos”. Además expresaron que esta actividad “violenta el derecho constitucional de los nicaragüenses a la libre circulación de personas y vehículos”.
Los oficiales de la dictadura además expresaron que la carta presentada por “dos individuos” en el complejo policial Faustino Ruiz posee firmes ilegibles y añadieron que entre los nueve jóvenes que firmaron la carta de solicitud “algunos” poseen antecedentes delictivos y los vinculan con “consumo y expendio de drogas, así como tenencia y uso ilegal de armas de fuego”. El orteguismo mantiene secuestrado el derecho establecido en la Constitución Política de Nicaragua a la manifestación pacífica.
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Seis ciudadanos, originarias del barrio Sandino, en Jinotega, fueron secuestradas la tarde del miércoles por la Policía orteguista, mientras se disponían a participar de una misa en conmemoración por las víctimas que dejó la represión del régimen en las protestas sociales del año pasado. Los detenidos fueron Yaser Zelaya y Yordan Picado, ambos de 17 años, Aarón Solís, de 27, Lázaro Valle y Cristopher Montenegro, de 20, y Omar Mairena, de 18. Luego de cuatro horas de “investigación”, insultos y torturas psicológicas, los seis jóvenes, fueron dejados en libertad advertidos por la guardia de la dictadura de que “si los volvían a agarrar los condenarían”. Uno de los liberados denunció que además de golpearlos “nos mancharon las manos de tintas, nos tomaron fotos, nos vistieron como reos y nos mantuvieron ahí, luego nos hicieron firmar un documento. Después un policía de nombre Alexis Rodríguez y otro al que le dicen “Suspiro”, nos dijeron que estábamos buenos para meternos en las celdas: ustedes son vandálicos, pisotearon la bandera del país (…), que ricos están ustedes para agarrar un AK y despacharles los 30 tiros en el pecho”.
