El plazo de los 90 días finalizó y la dictadura orteguista incumplió el acuerdo de liberar a todos los presos políticos, porque más de 80 personas continúan secuestradas. Desde tempranas horas de este miércoles, 19 de junio, las madres de presos políticos y exreos de la tiranía se apostaron en las afueras del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”, para exigir su libertad.
“Estos muchachos que fueron compañeros de cárcel nuestra no pueden quedar aquí, y nosotros no podemos estar tranquilos en nuestra casa esperando que el régimen nos haga un favor, porque ya emitió su comunicado el día de ayer y tenemos que hacerlo cambiar y para lograr eso hay que ejercer presión popular, presión política y presión internacional”, expresó el exreo político Ricardo Baltodano, quien hizo presencia al plantón.
La convocatoria al plantón la realizó la Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), previo a la reunión que sostuvieron los garantes y testigos en la mesa de negociación con diferentes movimientos sociales y familiares de presos políticos, quienes mostraron pruebas que los secuestrados por el régimen.
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Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, miembro de la opositora Alianza Cívica aseguró que en la reunión de ayer 18 de junio, se comprobó que los que aún están detenidos “no son delincuentes, son personas que han protestado pacíficamente, que han estado en las marchas azul y blanco y por eso, por pensar diferente es que los han mantenido presos. Estamos frente a un régimen opresor que mantiene gente presa con el objetivo “clarísimo” de desviar la atención del verdadero problema que tiene el país como es la falta de democracia, falta de libertades y la existencia de un Estado de sitio que actualmente vivimos”.
De igual manera, la Unión de Presos Políticos de Jinotepe (UPPJ), a través de un comunicado solicitó a la comunidad internacional aplicar más sanciones dirigidas a la familia Ortega-Murillo y a todos los funcionarios que han sido partícipes de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos al pueblo nicaragüense desde abril de 2018, que dejó al menos 325 fallecidos.
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El movimiento social también condenó las acciones de la dictadura que no libera a los presos políticos pese a que el plazo de 90 días acordado en la mesa de negociación hayan terminado. La Alianza Cívica asegura que no se sentará a negociar con la delegación del gobiernos mientras no hayan liberado a los reos de conciencia.
