El gobierno de Canadá está contemplando aplicar más sanciones al régimen de Daniel Ortega y sus funcionarios con su propia Ley Magnitsky e incluso degradar las relaciones diplomáticas con Nicaragua, como lo hizo con Venezuela en el 2017, según reveló un reporte del sitio CBC News de ese país.
Congresistas norteamericanos de los partidos demócrata y republicano al unísono piden a la comunidad internacional unirse para exigir a Ortega que garantice elecciones libre y democráticas.
Esa nación norteamericana tomó la decisión de cerrar su cooperación con Nicaragua en agosto de 2018, lo que afectará varios proyectos ejecutados por la administración Ortega-Murillo por un monto global de 20 millones de dólares.
El retiro de esta cooperación y la posibilidad de aplicar mayores sanciones con su propia Ley Magnitsky dejan ver el deterioro de la credibilidad del régimen de Daniel Ortega y su capacidad para encontrar una salida democrática a la crisis que vive Nicaragua, explicó el politólogo José Antonio Peraza.
“Canadá es un gobierno auténticamente democrático, al ver la represión del gobierno y su falta de iniciativa, ejercen presiones más directas, no es mucho, pero si sumamos todo lo que se ha perdido en temas de cooperación es una mala noticia para el país”, expresó Peraza.
Esa opinión la comparte el economista Luis Murillo, quien explicó que lo preocupante es que “más cooperantes se están retirando y están dejando sin flujo de cooperación al país. La situación se volverá más crítica porque somos deficitarios. Aplicaron reformas fiscales sin resultados, la ayuda se retira, precios internacionales bajan, es una señal, uno de los cooperantes se retira”.
En declaraciones a CBC News, Adam Austen, portavoz de la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, afirmó que la decisión de congelar el apoyo de manera discreta se hizo para “darle al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de responder a la presión canadiense sin que pareciera estar actuando bajo presión”. Sin embargo, dada la falta de avances se están analizando otras opciones como es aplicar sanciones similares a la Ley Magnitsky, que se dirigen a los funcionarios extranjeros individuales.
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Según la información que recoge ese portal, los proyectos afectados con esta medida de Canadá son un proyecto de electrificación rural valorado en de $ 19.8 millones de dólares canadienses, otro de empresas familiares, que se ejecutaría en 2023 por un valor de 7.9 millones de dólares. Igualmente, se verá afectado un programa de prevención de embarazo en adolescentes que destinaría 7.6 millones de dólares y concluiría en 2022.
La Policía orteguista también se verá afectada ya que Canadá tenía previsto invertir más de 7 millones de dólares en combatir la violencia. También, se suspendió un proyecto llamado Technolinks, dirigido a unos 35 000 pequeños agricultores cuyo costo era de 9.5 millones de dólares para mejorar sus condiciones de producción.
