1. Después de que la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) llamara a una jornada nacional de piquetes exprés este martes, 02 de abril, la dictadura orteguista nuevamente violó el derecho a la manifestación. El régimen envió al centro comercial Metrocentro, en Managua, un fuerte dispositivo policial para evitar las protestas, pero esta vez no fue suficiente con invadir el local sino que la guardia rodeó el punto de concentración y además los oficiales entraron al lugar para amedrentar a los compradores e impedir cualquier tipo de protesta contra la tiranía.
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2. Flor Ramírez, la manifestante que protesta contra la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo vestida con su traje de folklore azul y blanco y bailando música nacional, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) las agresiones de las que fue víctima cuando fue detenida de manera ilegal dentro del centro comercial Metrocentro el pasado sábado. Ese día, la policía del régimen la secuestró por más de cuatro horas por ejercer su derecho a la manifestación. Ramírez señaló que fue golpeada, ofendida, humillada y amenazada de muerte y que, por si fuera poco, en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como “El Chipote”, los guardias la obligaron a desnudarse.
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3. Carlos Valle, preso político de la dictadura y uno de los reos a los que le cambiaron el régimen carcelario, denunció ante la Fiscalía al comisionado de la Dirección de Auxilio Judicial, Alberto Pérez Olivas, por los delitos de secuestro simple, daños psicológicos y físicos, y por haber causado que su hija Elsa Valle abortara cuando también la tuvieron prisionera por protestar contra la pareja presidencial. Acusó al jefe policial de no acatar las leyes porque fue orientado por uno de los jueces a trasladar a Elsa Valle a Medicina Legal cuando ella mostraba señas de aborto, sin embargo el comisionado general ignoró la petición.
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4. El Comité Internacional de la Cruz Roja entregará este miércoles, 3 de abril, una lista consensuada de presos políticos a los que el régimen tendría que poner en libertad. El organismo, igualmente, presentará un calendario para que la dictadura y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tengan claras las fechas en las que se espera suelten a los ciudadanos que fueron encarcelados por manifestarse contra el régimen. Preliminarmente, se maneja que el listado llevaría unos 290 nombres, lo que no representa ni la mitad de la cantidad de presos políticos que señala la oposición, ya que la Alianza sostiene que hay 677 prisioneros por protestar. La lista de la Cruz Roja Internacional se acercaría más al número que maneja la dictadura de 347 detenidos.

5. Los reos políticos que se encuentran prisioneros en “La Modelo” advirtieron por medio de una carta que si el régimen no los deja en libertad antes del 19 de abril, fecha en la que se cumple un año de protestas, la dictadura escuchará su grito de ¡libertad o muerte! y conocerán qué significa una rebelión masiva. La advertencia llegó a través de una misiva con fecha de 1 de abril entregada a familiares. Igualmente, denunciaron que por varios días los tuvieron sin agua y luz y remarcaron que continúan firmes luchando desde la prisión por la libertad de Nicaragua.
6. Este miércoles también se cumple el plazo para llegar a acuerdos en el segundo intento de mesa de negociación que instaló en febrero de este año la oposición y la dictadura. Sin embargo, el régimen sigue recalcando que el adelanto de elecciones no está dentro de la agenda y esa petición más bien la calificaron como una “bravuconada de la Alianza”. Aunque los agentes de los Ortega-Murillo se han comprometido en papel a respetar el derecho a movilización, concentración y prensa así como al cese de las agresiones, la intimidación, parar los secuestros y el desarme de los paramilitares ninguno de los puntos han cumplido y la guardia continúa amedrentando a los ciudadanos que exigen libertad, justicia y democracia.

7. El régimen de Daniel Ortega sigue cerrado en no permitir la entrada de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que funjan como garantes en la negociación y así generen una leve confianza en ese proceso. Los miembros de la Alianza dicen que continuarán insistiendo en ese punto y que esperan que el Gobierno lo acepte.