Después de que este viernes, 29 de marzo, los agentes del orteguismo finalmente firmaran en la mesa de negociación un documento con 18 puntos en los que se comprometen a liberar y anular juicios y órdenes de capturas o procesos a los cerca de 800 ciudadanos que fueron encarcelados por protestar en contra del régimen, las reacciones no se han hecho esperar.
En la mayoría de los casos, desconfían del cumplimiento de los compromisos, pero también recalcan que el escrito deja en evidencia las constantes violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y el atropello frecuente a la Constitución Política del país.
Noticia relacionada: Dictadura se comprometió a respetar leyes, liberar presos políticos y devolver medios de comunicación
Azahálea Solís, representante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, enfatizó a través de su cuenta de Facebook que la firma de esos acuerdos hace constar “la ruptura más clara del orden constitucional de la dictadura, en la que se compromete a cumplir lo que es su obligación. Todos esos derechos y garantías han sido violentados por Ortega y Murillo, por algo que es más que estado de sitio de facto”.
La dictadura también señaló que respetará los derechos y libertades públicas de los nicaragüenses, incluyendo el derecho a la libre movilización y reunión pacífica. Igualmente, aseguró que trabajarán en el desarme de los paramilitares, quienes fueron los encargados de levantar a punta de balas los tranques, en algo que el régimen denominó “Operación Limpieza. Para acabar con las barricadas, los grupos armados del orteguismo dejaron a su paso luto y dolor.
Otro de los puntos que asumirá la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la devolución de las personalidades jurídicas a las organizaciones no gubernamentales que fueron despojadas el año pasado de sus permisos para operar y que eso implicó allanamiento, destrucción y hasta exilio, y a devolver los medios de comunicación que fueron confiscados por la tiranía.
“Firmar me harás, pero cumplir jamás”
Aracely Sauceda, representante de la diáspora de nicaragüenses en España capítulo Madrid, destacó que es difícil dar un voto de confianza al régimen y resaltó que estará por verse si hay un cumplimiento que demuestre que la dictadura no solo pretende vender una idea de “firmar me harás, pero cumplir jamás”.
Sauceda insistió que aunque apuestan porque la salida a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril de 2018 sea a través de una negociación esperan que realmente se cumpla con lo pactado aunque enfatizó en que “todo lo que se ha firmado no es algo nuevo, todo esto que se ha firmado es nuestra Constitución, porque además los y las nicaragüenses no tenemos porqué pedir permiso para ir a una marcha si eso está establecido en nuestra Constitución, es un derecho que tenemos, como tampoco es que van a respetar nuestra humanidad como algo que es permisivo”.
Asimismo, desconfían en que realmente Ortega deje libres y sin cargos penales a los presos políticos. Sauceda remarcó en que “no se puede ver a los seres humanos como moneda de cambio. No podemos canjear, ni negociar con las vidas de personas y menos en esta situación; unos presos que han sido retenidos única y exclusivamente por protestar contra una dictadura, por pensar diferente al Gobierno de turno”.
Noticia relacionada: CIDH presenta informe que reafirma los crímenes de la dictadura orteguista
El documento presentado por la dictadura y la opositora Alianza Cívica no plantea un anticipo de elecciones, sin embargo, ambas partes establecieron hasta el 3 de abril para continuar con la firma de acuerdos, lo que también incluye puntos vinculados con las reformas electorales y la democracia.
una imagen que habla por si misma:
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.laprensa.com.ni%2F2019%2F02%2F03%2Fsuplemento%2Fla-prensa-domingo%2F2520591-la-bandera-que-daniel-ortega-persigue-en-nicaragua&psig=AOvVaw03SrVeOQ5zThP8M0N9ajHT&ust=1554064628858820