El lunes, 25 de marzo, dos asesores más de la Organización de Estados Americanos (OEA) se anexaron a la mesa se negociación que inició el 27 de febrero, entre miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y una delegación del gobierno de Daniel Ortega.
Ambos asesores acompañarán al delegado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla que se encuentra en Nicaragua desde el 11 de marzo, quien desde su llegada se ha reunido con los principales sectores afectados en el país, partidos políticos y movimientos sociales, para abordar temas relacionados a la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018.
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Para la exguerrillera y miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Dora María Téllez esta delegación es de expertos en materia electoral, lo cual puede colaborar con las reformas que necesita el Consejo Supremo Electoral (CSE) para garantizar elecciones transparentes.
“Esto va a servir para uno de los acuerdos que pueden salir de la mesa de negociación, que incluye el adelanto de elecciones y las reformas a las regulaciones electorales para que haya elecciones limpias transparentes, competitivas, justas y observadas”.
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Además, resaltó que a pesar de la presencia de la OEA es importante contar, en la mesa de negociación, con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para abordar, obsevar y valorar el tema de los derechos humanos en Nicaragua.
“Hace falta una misión del sistema interamericano que es absolutamente esencial (…) son los expertos en asegurar que se cumplan las garantías en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Las violaciones masivas de los derechos humanos han hecho que todos estemos clamando porque venga la CIDH lo más rápido posible”.
Lo que demandamos a la @AlianzaCivicaNi es que exija el pleno respeto y disfrute de nuestros derechos humanos y ciudadanos. Queremos a la CIDH de regreso como garante!! No se puede creer en la buena fe de Ortega, pues no la tiene. Necesitamos garantes de verdad e independientes
— Dora María Téllez (@DoraMTellez) 25 de marzo de 2019
Hasta la fecha el gobierno acordó liberar a más de 600 presos políticos secuestrados en los sistemas penitenciaros y en la Dirección de Auxulio Judicial, en un plazo de 90 días; sin embargo aún no se conoce el proceso ni la fecha de liberación.
URGENTE liberar a todos los secuestrados, detenidos por ejercer derechos constitucionales. El Gobierno y la mesa de arreglo posteriormente se queda llenando requisitos legales.