Después de ocho reuniones, desde el 17 de enero, la Comisión Nacional de Salario Mínimo decidió este jueves, 7 de marzo que no habrá aumento en los nueve sectores de la economía, incluyendo en la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).
12 retenes de la Policía del régimen lo largo de la carretera hacia Ocotal y finalmente un escuadrón de más de cien efectivos armados, apostados en el puente El Chaparral, impidieron la llegada de dirigentes de la Coalición Nacional a la reunión organizativa de San Fernando, en Nueva Segovia.
El primer punto del acuerdo detalla que “la Comisión Nacional del Salario Mínimo acuerda mantenerse en sesión permanente y reunirse los últimos jueves de cada mes, hasta agosto del presente año, con el fin de ir revisando el comportamiento económico y tomar una decisión en base a los indicadores presentados por el Banco Central de Nicaragua”.
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Asimismo resalta que “de conformidad a la Ley No. 625, Ley del Salario Mínimo invitar a cada sesión a los técnicos del Banco Central de Nicaragua para que informen sobre el comportamiento de variables económicas nacionales y sectoriales”. De la mano con este proceso acordaron reunirse el último jueves de cada mes hasta agosto, con el objetivo de monitorear los indicadores económicos.
En los primeros meses de cada año, tanto el gobierno como la Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se reunían para discutir y aprobar el ajuste salarial; sin embargo en este período los empresarios fueron excluidos de la negociación.
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Entre las propuestas presentadas por el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), un sindicato “blanco”, controlado por el régimen, el aumento debió ser del 4 por ciento para las mipymes y el 6.25 por ciento para el resto de los sectores. Por otro lado la Central Sandinista de Trabajadores (CST) propuso el 3 por ciento para las mipymes, un 5 por ciento para los asistentes del hogar y vigilantes, y un 8.25 por ciento para los demás sectores.
Recientemente la reforma tributaria acompañada de la reforma a la seguridad social han generado descontento y rechazo por la empresa privada y la población nicaragüenses, la principal afectada en la economía de sus hogares ante el incremento de la canasta básica.
