Familiares de al menos ocho reas políticas recluidas en el sistema penitenciario de mujeres “La Esperanza” y que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 27 de febrero, responsabilizaron al Estado de Nicaragua sobre cualquier daño en la salud de las mujeres, pues autoridades de dicha cárcel no informan ni permiten a los familiares saber sobre su salud.
Los familiares de las presas políticas María Peralta Cerrato, Amaya Coppens, Nelly Marilly Roque Ordoñez, Maritza Rostrán Mairena, Yamileth Gutiérrez Moncada, Solange Centeno Peña, Johana Delgado y Karla Matus Méndez llegaron hasta la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para interponer denuncia por los riesgos que corren sus hijas. Además solicitaron a la Cruz Roja Internacional hacerse presente en La Esperanza para verificar el estado de salud de las manifestantes.
Mariela Cerrato, madre de María Adilia Peralta Cerrato, manifestó que desde el día martes que se presentaron al reclusorio a dejar paquetería, se rumoraba que las jóvenes estaban en huelga de hambre, sin embargo, los encargados del sistema penitenciario lo negaron todo.
Tamara Dávila, madre de Amaya Coopens, denunció que las torturas relacionadas en el estado de salud de las detenidas siempre ha sido una constante en el proceder del régimen.
“La situación ha llegado al límite. Aquí el Gobierno nos está poniendo contra la pared y nos esta provocando, nosotras hemos sido cautelosas, nos hemos dedicado a abastecer a nuestras familias, a esperar una actitud coherente, responsable, madura, la situación de salud de nuestras presas, ha sido siempre su manera de seguir torturando adentro de las cárceles” expresó.
De la misma manera, Gloria Ordóñez, madre de Nelly Roque Ordóñez realizó un llamado al Estado de Nicaragua a respetar las vidas de las detenidas.
Las jóvenes iniciaron la huelga de hambre indefinida como una forma de reclamar a la Alianza Cívica por sentarse a negociar con el régimen de Daniel Ortega mientras ellas y otros 600 presos políticos siguen tras las rejas.
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“Llevamos meses secuestradas ilegalmente, viviendo a diario la represión, constantes humillaciones, tratos crueles e inhumanos y en lugar de sentirnos representadas nos sentimos simples piezas en el tablero donde juegan los que tienen control político y económico. No entendemos cómo llegamos a esta situación en donde se instaura un diálogo a pesar de haber más de 500 muertos, 700 apresados, más de mil heridos y miles de exiliados, el Gobierno sigue sin mostrar voluntad de resolver el conflicto sociopolítico, sigue reprimiendo y asesinando con paramilitares, apresando y torturando con la policía orteguista a la población”, afirman las presas políticas en una carta que divulgaron este miércoles, seis de febrero.
Exigimos que nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras esposas sean liberadas de una vez por todas ¿que están esperando? Eso tiene que darse ya. Concluyó la madre de Amaya Coppens.
