La Comisión Nicaragüense de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME) propuso no incrementar el salario mínimo este año para los empleados de las micro y pequeñas empresas, en base al deterioro de las finanzas del país.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
En la propuesta, del sector se plantea que “el salario mínimo para el sector de la micro y pequeña empresa en general se mantenga inalterable, para este año 2019” ósea que no haya incremento para este periodo en el aquellas que tienen como máximo 50 trabajadores. La cámara, dirigida por el prooficialista Leonardo Torres, pide que el aumento solo se aplique para la media y grande empresa.
El economista y académico Luis Murillo calificó la iniciativa de contraproducente e irrisoria.
Murillo explicó que más del 58 % de la población que trabaja en Nicaragua recibe el salario mínimo. Es la población pobre quien está soportando la mayor carga de las reformas fiscales y las empresas no van a bajar los precios, lo que deja una contracción en el consumo y la posibilidad de gasto de la población con menos ingresos.
Los indicadores bajo los cuales se define el salario mínimo son: la inflación, el crecimiento económico y la variación de precios de la canasta básica. Murillo explicó que la inflación crecerá en este 2019 al igual que los precios de los productos de la canasta básica, por lo que debe garantizarse “mínimamente” la capacidad de compra de los trabajadores.
Otra crítica que realizó el experto a esta propuesta es que la misma “está plegada” a la posición gubernamental, de castigar a los grandes empresarios del país, por la postura política adoptada durante los meses anteriores, durante la rebelión cívica que reclama al régimen la democratización de Nicaragua.
En la nota oficial la CONIMIPYME expone que “por primera vez, lastimosamente en 11 años, el indicador del crecimiento económico es negativo, esto provocado por el daño ocasionado en abril del 2018. Nosotros siempre insistimos y solicitamos vehementemente, no dañar la economía, pero otros gremios de nuestro mismo sector privado no nos escucharon, hoy tenemos estas consecuencias”, dice el comunicado firmado por Leonardo Torres, en el que devela una postura política a tono con la dictadura orteguista.
Para Murillo, la falta de incremento salarial, el aumento de impuestos con reformas tributarias y las bajas pensiones con la modificación de la reglamentación de la ley del Seguro Social, dejarán a los nicaragüenses en una “condición de hambre”.
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Por su parte, el economista Néstor Avendaño estimó que la propuesta de la CONIMIPYME es “no realista”. El experto sugiere llegar a una negociación que por mínimo considere la tasa de inflación del año pasado que ronda los 3.9 por ciento.
Avendaño explicó que si se aplicara la ley en base al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación, al salario mínimo abría que bajarlo al -0.1 por ciento, dicha estimación matemática no es viable en política salarial, por lo cual lo ideal es una discusión que permita conocer la capacidad financiera de las empresas para buscar una posición intermedia que sea realista y aplicable a la situación que vive el país, concluyó.
