El Estado de Nicaragua “es violador de Derechos Humanos y ha actuado de manera deliberada”, afirma con aplomo Jorge Mendoza, vocero de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos no Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) al referirse a la cantidad de menores de edad víctimas de la represión en el país, la que dejó 29 muertos y más de 70 detenidos.
En su afán por controlar la protesta social el régimen, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, criminalizó la protesta en el país, violentó leyes nacionales y convenios internacionales suscritos por Nicaragua, en materia de niñez y adolescencia, y convirtió a niños en prisioneros políticos de una guerra inexistente en el país.
Según datos de la oficialista Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, entre abril y agosto de 2018, solo en Managua se habían detenido 77 adolescentes, en edades de entre 14 y 17 años; de estos el 92 por ciento fueron liberados -unos 70-.
Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) registra al menos 18 adolescentes que fueron judicializados por participar en las protestas y acusados por la Fiscalía, en procesos irregulares, por terrorismo, posesión ilegal de armas, amenazas con armas y entorpecimiento de servicios públicos. Uno de esos casos fue condenado.
Mendoza, Director Ejecutivo del Foro de Educación y Desarrollo Humano, refiere que el avance, en materia de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, que tuvo Nicaragua, “en términos normativos quedó totalmente desvirtuado, evidenciado que todo era avance en el papel”.
Procesos viciados
“Toditos fueron capturados de forma ilegal y fueron puestos a la orden del juez de adultos a sabiendas que ellos eran adolescentes, porque se les miraba que eran adolescentes, peor a ellos no le interesó no vulnerar sus derechos, que era trasladarlos a los juzgados de adolescentes”, explica la Doctora Verónica Nieto, abogada de la CPDH.
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Nieto refiere que la CPDH interpuso en cada caso incidentes de incompetencia para pedir traslado a los juzgados de adolescentes.

“Los jueces lo pasaban al juzgado de adolescentes en el momento en que ellos quisieron”, recuerda Nieto, quien señala también al Ministerio Público de retardación de justicia en tanto que “se tomaba su tiempo” para ejercer la acción penal.
“Entonces había detenciones ilegales (…), más el término legal, ya habían pasado hasta 10 u 11 días, que había también recursos de exhibición personal y sabemos que se hacía caso omiso a dichos recursos. Los recursos se hicieron en cada uno de los detenidos adolescentes, pero la Fiscalía acusó en su momento (…)”, añade Nieto.
Según el marco legal vigente, la Policía Nacional tiene un plazo de 48 horas para presentar al autor o sospechoso del delito ante el juez competente, pasado este término incurre en detención ilegal. Cuando se trate de adolescentes entre los 13 hasta los 18 años, la Policía solamente podrá capturarlos con orden judicial o en flagrante delito y los deberá poner a la orden del Juez Penal del Adolescente en un término no mayor a las 24 horas.
Una vez en los juzgados de adolescentes y ante la evidencia de que había detenciones ilegales los jueces de adolescentes otorgaban la libertad de los menores de edad o se hacían conciliaciones. “En ese caso no teníamos nosotros ante el judicial una violación de Derechos Humanos, aquí era el Ministerio Público y la Policía Nacional”, sostiene Nieto.
“En las conciliaciones no hay admisión de hechos simplemente es un acuerdo, una oportunidad que se le da al adolescente y este entraba a charlas y eso, relacionadas a su desarrollo social”, aclara la abogada de la CPDH.
Un informe presentado por CODENI a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica: “Los procesos judiciales contra estos adolescentes violan los principios y disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), que en sus artículos 15, 16 y 19 establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la libertad, participar en la vida social y política de la nación y expresar su pensamiento en público o privado, y que el Estado brindará atención cuando se encuentren en situación de peligro y expresar su pensamiento en público o privado, y que el Estado brindará atención cuando se encuentren en situación de peligro”.
Relatos construidos
De los menores de edad que enfrentaron procesos judiciales uno fue condenado luego que admitió los hechos imputados, “debido a la presión que existía” comenta Verónica Nieto, abogada de la CPDH.
El adolescente de 14 años, residente en Masatepe, fue señalado por el vicealcalde Francisco Javier López García de amenazas de muerte en el tranque Las Marías. Según la abogada “el vicealcalde decía contundentemente que (el menor de edad) había estado en el tranque cuando eso no es cierto”.
“Vemos que es el único adolescente que considero yo que ha admitido hechos por decisión propia, pero también se violaron sus derechos porque todo lo que está ahí era construido falsamente” (…) “Sabemos que existen relatos construidos para poder sacar a estas personas que se contraponen al gobierno para tenerlos encarcelados”, expresa Nieto.
Presionado para ser testigo
La abogada de CPDH recoge el caso de un adolescente que fue detenido ilegalmente y fue mantenido en las ergástulas de El Chipote, durante más de cien días. Según Nieto, el joven de iniciales J.D.F., fue utilizado “como testigo de la corona” en el caso del ataque a una estación policial de Mulukukú, en el que murieron tres personas, entre ellas dos policías, y por el cual se acusó al alcalde de ese municipio, Apolonio Fargas.
Según la abogada, que es parte del caso de defensa de parte de los acusados, el joven contó con asistencia de una defensora pública, y fue obligado a declarar como testigo en el caso, a cambio de obtener un beneficio. Nieto recuerda a un joven nervioso, declarando con capucha y detrás de un biombo. No está clara de si fue liberado pues la familia desapareció del municipio.
“El joven declaró un relato de hechos construidos y es puramente falso, entró en contradicciones, se sentía muy nervioso. Hay una vulneración de todos los derechos. Si salió o no, no lo sabemos, la madre está desaparecida de Mulukukú”.
Actos de barbarie
Mendoza y Nieto muestran su conmoción al hacer referencia al caso del niño de 14 años, a quienes un grupo de diez oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, le tatuaron su antebrazo con aguja hipodérmica, las siglas del partido en el gobierno, FSLN, en una práctica no vista antes.
Según el relato del menor de 14 años uno de los oficiales encapuchados sujetó su brazo, mientras otro apuntaba hacia su cabeza con un AK 47. Un tercer sujeto dibujaba lentamente las siglas del FSLN en su antebrazo. La tortura no paró sino hasta que limpiaron el tatuaje con limón y vinagre, no sin antes recibir amenazas de parte de uno de los oficiales.
“Eso es una violación flagrante, eso ya es barbarie, ya no es solamente una violación de derechos humanos, eso es un acto de barbarie, un acto extremo de violencia contra la integridad física y psicológica de un niño”, sostiene Mendoza, quien dijo que el caso les conmovió más cuando se había venido vendiendo la idea de que la escuela es tu segunda casa. Nos llamó la atención que después de luchar porque se afianzara la idea de que la escuela es un lugar seguro (…) la escuela no es un lugar seguro, el camino a la escuela no es un lugar seguro”.
Para Codeni este y los casos de Álvaro Conrado, Sandor Dolmus, Junior Gaitán, quien rogó a una oficial de policía para que no lo matara y el de la familia asesinada en el barrio Carlos Marx, son casos íconos de la violación de derechos humanos y muestran que la Policía Nacional y sus funcionarios “están en una bancarrota moral”.
“Fue una masacre”

La violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes incluyó la privación de la vida a 29 menores de edad, la mayoría victimas de disparos en el tórax y cuello (51%) según cifras recogidas en el informe de CODENI, o disparos en la cabeza, pecho y estómago (34%) “lo que demuestra que fueron ejecutados mediante el uso de armas letales y por personas con adiestramiento militar. Dos niños murieron calcinados y el resto por lesiones y negligencia médica”.
“En un pueblo tan pequeño como es Nicaragua, esto fue una masacre en contra de la niñez y la adolescencia”, enfatiza Jorge Mendoza, Director Ejecutivo del Foro de Educación y Desarrollo Humano y vocero de CODENI.
Uno de los 20 menores de edad que fueron ejecutados fue Sandor Dolmus, un niño de 14 años, que era monaguillo de la Catedral de León. Su madre Ivania del Socorro Dolmus, una humilde trabajadora, clama justicia por la muerte de su hijo.
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Ella estuvo al lado de Sandor, quien fue impactado por un disparo de un policía -o al menos eso piensa la madre pues estaban vestidos de negro y azul como oficiales de policía- en los alrededores de la Iglesia San Juan en la ciudad de León, mientras curioseaban en uno de las más de 400 barricadas que fueron levantadas en León.

Ivania sostiene que Sandor, quien quería ser sacerdote, no estuvo involucrado en las protestas y en la única marcha en la que participó fue porque decidió, luego de llegar de misa, ir a buscar a su madre y tía para acompañarlas en su retorno al hogar.
El día que fue impactado por una bala disparada desde el sector en que estaba la Policía, se hallaba junto a su familia y con los vecinos del barrio, en la barricada en la esquina cercana a su casa. Tenía curiosidad de saber si los adoquines eran pesados. Su tía y madre habían apartado varios bloques y la tía le pasó uno. Luego iban a encerrarse a su casa, pero en ese momento la detonación le impactó.

Llegó caminando al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, donde los médicos que le atendieron dijeron que la bala -que no salió de su cuerpo- no había perforado órganos vitales, pero que era necesario llevarlo a quirófano para extraerle la sangre que estaba acumulando. Ni media hora después, el mismo médico y la directora del hospital, Judith Lejarza, le informaban del deceso del niño porque la bala había perforado órganos vitales.
Doña Ivania no permitió le hicieran autopsia ni que llegara la Policía a investigar el caso. “… yo les dije ¿para qué van a llegar si ellos mismo lo mataron?”.
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Hoy, tras haber puesto denuncias ante comisiones defensoras de los derechos humanos nacionales y ante la CIDH, espera obtener la justicia que su hijo merece. Eso incluye que el presidente Daniel Ortega sea procesado, sostiene Ivania. “Él solo sabe decir que él no ha mandado a matar, pero él es quien tiene que pagar, porque fue él quien mandó a matar a tanta gente, porque así nomás nadie va a ir (a matar)”.

Ahora confiesa que añora la compañía de su único hijo, y que a veces se ve traicionada por su amor de madre y piensa que lo verá aparecer en su bicicleta y con su sonrisa eterna, por su centro de trabajo. Luego aterriza en la dolorosa realidad. “Yo confío en Dios que se va a hacer justicia”, se repite así misma.
Construyendo una causa
El vocero de CODENI sostiene que lo ocurrido en materia de violación de derechos humanos en contra de la niñez y la adolescencia no puede quedar impune. Para ello, la entidad contribuye con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para la presentación de una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, en contra del Estado de Nicaragua.
Asimismo, han colaborado con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). Así mismo enviaron informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.