Este primero de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una nota de prensa donde informó que ese organismo considera que la “Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz”, ideada por la vicepresidenta Rosario Murillo y recientemente aprobada por la Asamblea Nacional; «no se ajusta a los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación».
Sobre esto, la CIDH advierte con preocupación que la ley de reconciliación de la dictadura orteguista omite «elementos centrales como son: procesos de esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, sus causas y consecuencias; procesos penales diligentes e imparciales que permitan identificar, enjuiciar, y en su caso, sancionar a los responsables de dichas violaciones; programas integrales de reparaciones, y garantías de no repetición, que incluyan, entre otras acciones, reformas institucionales que corrijan el grave deterioro institucional que ha permitido el ataque generalizado y sistemático a la población civil ocurrido en el país».
.@CIDH considera que “Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz”, aprobada por la Asamblea Nacional de #Nicaragua, es incompatible con estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación. Leer más en: https://t.co/Yh7qp0bUWu
— CIDH – IACHR (@CIDH) February 1, 2019
Otro de los aspectos que resalta a la CIDH es que con esa ley se dificulta el esclarecimiento sobre las graves violaciones a los derechos humanos que el régimen orteguista viene perpetrando desde el 18 de abril y «en particular, dejar en el olvido a las víctimas fatales de la represión estatal, a sus familiares y a los cientos de personas permanecen privadas de libertad».
La presidente de la CIDH, Margarette May Macaulay, indicó que «Nicaragua enfrenta el desafío urgente de superar la impunidad de los casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en Nicaragua, la ley recientemente aprobada no contribuye con este fin. Las autoridades del Estado están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el acceso de las víctimas a recursos adecuados y efectivos tanto para denunciar estas violaciones, así como para lograr la reparación del daño sufrido y de esa forma contribuir a prevenir su repetición».
La CIDH señala al Estado de Nicaragua, que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte y la Comisión Interamericana, las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en noviembre de 2018, ya señaló que esta ley de reconciliación impulsada desde el orteguismo no era oportuna sin antes investigar y esclarecer la verdad sobre los actos de violencia, juzgar y castigar a los responsables, justicia y reparación para las víctimas.
«La CIDH registró el reclamo de víctimas, familiares y la sociedad civil respecto a la falta de una intervención oportuna, independiente y no revictimizante para esclarecer los graves hechos de violencia registrados», destaca la nota de prensa de la CIDH.
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«Ninguna política estatal sobre diálogo, paz y reconciliación puede omitir a las víctimas, sin incumplir seriamente sus obligaciones internacionales de derechos humanos», expresó la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua y encargada de la unidad sobre memoria, verdad y justicia.
Asimismo, añadió que «las políticas de reconciliación deben garantizar la participación de todos los actores involucrados, incluyendo a la sociedad civil, y en especial a las víctimas y sus familiares».
La ley de reconciliación de la dictadura orteguista fue aprobada el 24 de enero por la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional.