Al leer la «Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz», se identifica en cada línea que fue escrita desde El Carmen, la casa de la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo. La ley que fue presentada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ante el plenario, y remitida a la Comisión de Gobernación, Paz, Defensa y Derechos Humanos, fue aprobada por la aplanadora sandinista este 24 de enero.
La ley, que junto al dictamen de la supuesta consulta que realizó el orteguismo, en sus 24 páginas no hace ninguna mención de las víctimas de la represión, las persecuciones, los presos políticos, o cualquier violación a los derechos humanos que se siguen registrando en todo el país desde el 18 de abril de 2018.
Según el documento, esta ley pretende crear una política de Estado para «establecer el marco jurídico que garantice, diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz».
Desde un primer momento, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Conservador, advirtieron de la fuerte carga ideológica que lleva esta ley y que se pretende imponer en las casas, barrios, colegios, universidades y hasta en los centros de trabajo y con campañas propagandistas permanentes.
«Rescate al legado familiar nicaragüense»
Según el texto de la ley, el régimen busca «consolidar las estrategias familiares y comunitarias para el rescate del legado familiar en las resolución pacífica de los conflictos», basándose en «el amor al ser supremo y la vida, espíritu de lucha y trabajo, espiritualidad y religiosidad, alegría y optimismo».
El diputado orteguista Carlos Emilio López, aseguró que esta ley es el «resultado de un proceso amplio, masivo, participativo e inclusivo de toda la sociedad nicaragüense», y asegura que en la consulta participaron activamente «de ese proceso sistemático que duró cuatro meses donde se consultó sin discriminación alguna a transportistas, cooperativistas, sindicalistas, movimientos juveniles, organizaciones comunitarias, representantes de diferentes expresiones y denominaciones religiosas, artistas, intelectuales, alcaldes, alcaldesas, concejales regionales y municipales, entre muchos otros más».
Los opositores, por su parte, criticaron que en realidad, los grupos “consultados” forman parte de las estructuras partidarias leales a la pareja presidencial, entre los que destacan los sindicatos, empleados públicos y líderes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en los barrios.
Adoctrinamiento desde la familia
Según uno de los ejes de trabajo de esta ley se promoverán nuevos modelos de relaciones a lo interno de la familia y se dotarán de «herramientas a padres, madres y tutores, sobre las formas de criar a los niños».
También se señala que el Ministerio de la Familia, El Ministerio de Educación, El INATEC, y hasta Asuntos Juveniles de la Policía orteguista van a impulsar y dirigir escuelas para el «fortalecimiento de factores protectores y habilidades para la vida».
A los profesores y maestros de todo el país también se les van a impartir mensualmente «herramientas de trabajo para la promoción de una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz».
Campañas y cartillas
Esta ley también ordena desarrollar una campaña permanente de «promoción de valores familiares», para lo que se utilizará una cartilla en los encuentros de padres de familia, mensuales o bimestrales y hasta en ferias educativas. En estos encuentros, a los padres se les orientará y se les aconsejará con herramientas para «la comunicación, orientación y entendimiento con los hijos».
Sobre esta ley, en noviembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), envió un extenso documento donde expresan sus valoraciones y comentarios a la propuesta del régimen orteguista que pretende impulsar la «promoción de una Cultura de Paz y Reconciliación» a la fuerza. El GIEI fue contundente desde el primer párrafo y señaló que antes de buscar la reconciliación se debe de buscar la verdad y la justicia para las víctimas de la represión.
La ley también impulsará una campaña de medios permanente para promover esta política.
Todo bajo el control Ortega-Murillo
A pesar de que la ley de reconciliación de Rosario Murillo estipula que se creará un equipo interinstitucional para la implementación de esta política, el artículo 3 sostiene que el órgano rector de esta política siempre será la presidencia.
Tal equipo interinstitucional estará formado por el Ministerio de Educación, las consejerías familiares del Mifan, El Ministerio de la Juventud, promotoría solidaria, el Ministerio de salud y, de nuevo, la Policía orteguista.
El artículo 4 de la ley señala que el Estado nicaragüense proveerá todos los recursos presupuestarios para llevar a cabo esta política.
«Ley es invasiva e inviable»
El diputado liberal Walter Espinoza señaló que esta ley es «insuficiente, ya que no demuestra su viabilidad en la crisis que afecta el país, y no logra abordar ninguno de los problemas que afectan a Nicaragua».
En cambio, el parlamentario liberal señaló que la propuesta de ley del PLC para «democratizar y pacificar Nicaragua», sí aborda la manera de salir de la crisis actual y que pasan, según la bancada roja, por la reincorporación de los derechos humanos, liberación de los presos políticos, regreso de los exiliados a Nicaragua, destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Consejo Supremo Electoral, de contralores, el retiro de jefes policiales, garantizar la libertad de prensa y el adelanto de elecciones.
Así mismo el PLC señaló que esta ley de Rosario Murillo es invasiva, ya que a como se ha visto antes, la policía orteguista juega un papel preponderante en la coordinación e implementación de esta ley.
«Está claro que la policía ha funcionado como un órgano represivo en contra de los nicaragüenses, además es invasiva por pretender que el sistema educativo sirva como conductor de esta política a los niños y jóvenes», señala el documento enviado a la Asamblea por los diputados liberales.
En la ley de reconciliación de Rosario Murillo tampoco se detalla cómo la implementación de la misma va a afectar el Presupuesto General de la República, que fue aprobado antes de la aprobación de esta ley.
