En medio de reclamos y señalamientos la bancada orteguista aprobó con 70 votos, la “Ley de Renconciliación Nacional”, ideada por Rosario Murillo quien trata de imponer un modelo socialista al pueblo nicaragüenses.
Para los diputados opositores y de la Costa Caribe esta Ley es “infame” porque no reconoce la masacre del régimen y viola los derechos de los ciudadanos. La “Ley para una cultura de diálogo, rencociliación, seguridad, trabajo y paz” va ser valorada por los sectores del país, según los diputados orteguistas.
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Desde que la ley se dio a conocer los ciudadanos y organismos de derechos humanos criticaron y rechazaron la imposición de “reconciliación” del régimen, la cual es vista como una estrategia de los Ortega-Murillo para garantizar una amnistía para los causantes del asesinato de más de 500 nicaragüenses.
Por su parte Ana Margarita Vijil miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) declaró que no puede haber reconciliación mientras hay una “policía represiva, crímenes, secuestros y violaciones”.
“Si quieren reconciliación que cese la represión, liberen a los presos y garanticen que regresen los organismos de derechos humanos al país. Publicar esa ley ahorita, en la cabeza perturbada de Rosario Murillo intenta dar la imagen de un país normal, cuando aquí y fuera del país todos sabemos su verdadera naturaleza sanguinaria. Los crímenes de lesa humanidad no se borran por decreto”.
Organismos de derechos humanos rechazan “Ley”
Mientras Murillo informaba de la propuesta de ley en noviembre de 2018, los ciudadanos estaban siendo atacados violentamente por policías orteguistas y turbas. Asimismo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se manifestó en contra del proyecto de ley e hizo una serie de recomendaciones al Estado.
En el análisis, el GIEI sugirió al régimen que antes de ejecutar una “política de reconciliación” desde el Estado, debe implementarse un proceso que diga la verdad sobre los crímenes ejecutados en los meses anteriores, que se sancione a los responsables, que se abra un mecanismo de reparación a las víctimas de la represión y se realicen reformas institucionales necesarias para restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
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Hasta el momento el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han ignorado las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional, y siguen con su posición “infantil” ante la crisis del país, expresó en su momento el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
