El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), envió un extenso documento donde expresan sus valoraciones y comentarios a la propuesta de ley del régimen orteguista que pretende impulsar la «promoción de una Cultura de Paz y Reconciliación» a la fuerza. El GIEI fue contundente desde el primer párrafo y señaló que antes de buscar la reconciliación se debe de buscar la verdad y la justicia para las víctimas de la represión.
«Antes de cualquier política de estado encaminada a buscar un proceso de reconciliación, son los procesos de verdad, el reconocimiento de responsabilidades, la sanción de los responsables por la justicia, la reparación de las víctimas y las reformas institucionales necesarias para restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado».
El grupo de expertos ofreció sus comentarios y sugerencias para «coadyuvar en la elaboración de una política pública que responda de manera integral y conforme los estándares internacionales, a las necesidades de las víctimas y sus familiares en materia de verdad, justicia y reparación», este ofrecimiento de ayuda para la elaboración de este documento es similar a la ayuda que ya ofreció el GIEI para crear una Fiscalía especial para investigar los crímenes que se han perpetrado durante estos meses de protesta.
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«El GIEI considera que en el contexto actual es necesario que la política pública precise los aspectos que se abarcarán y las medidas que se adoptarán para atender a las familias y las comunidades afectadas por los hechos recientes; e ir más allá, y dado el reconocido propósito de “mejorar la convivencia”, debe procurar restituir la confianza en las instituciones del Estado, revisar su rol y aplicar las medidas correctivas correspondientes».
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En la propuesta de ley de la dictadura, Rosario Murillo se jacta de haber tenido en estos 11 años como prioridad el fomentar «experiencias nacionales de paz y rescatar el legado cultural de resolución pacífica de los desencuentros», a lo que el GIE afirma que esta supuesta promoción de la paz y resolución pacífica de los problemas no lograron evitar o detener los sucesos de violencia que se viven en el país desde el 18 de abril.
«El GIEI considera que el gobierno haría bien en especificar qué es lo que aportan dichas experiencias previas para el caso concreto del período que nos ocupa y preocupa. Describir con propiedad el problema contribuirá al buen diseño del plan para la implementación de la cultura de paz. La promoción de valores puede ser una herramienta importante, pero solo podrá tener sentido si se realiza partiendo del conocimiento de la verdad de lo vivido».
El grupo de expertos señalan que gran parte de los objetivos de esta propuesta de ley del régimen parten de una situación de normalidad, y que plantean el evitar futuros conflictos, pero antes de esto se debe de buscar como resolver los problemas actuales para lograr una normalidad real en el país.
El GIEI insiste en su documento que toda acción debe estar acompañada de sanciones en los tribunales de justicia a los responsables de las violaciones a los derechos humanos e incluir el desarme de todos los «grupos paraestatales».
Según el GIEI la iniciativa orteguista presentada recientemente y que según Rosario Murillo “está en discusión”, no incluye acciones para “brindar la atención y reparación integral necesaria a las víctimas y sus familiares”.
«Reiteramos –dice el documento del GIEI que fue dirigido al canciller Denis Moncada Colindres–, que la política que se plantea, deberá atender el momento por el que atraviesa la sociedad nicaragüense, la que ha tenido una profunda repercusión en todo el tejido social».
El documento finaliza señalando que este tipo de procesos de «transición hacía la recuperación de la institucionalidad democrática de un país» deben basarse en la verdad, justicia penal (ya sea en tribunales nacionales o internacionales), reparación de los daños y garantías de no repetición
«Son las reformas institucionales necesarias, que pueden afectar a la policía, la justicia, el ejército y servicios de información militar entre otros. Estos cuatro mecanismos son complementarios y deben ser parte de cualquier plan que busca restituir el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos y sentar las bases de la convivencia pacífica del país», finalizó el amplio documento remitido al Moncada.
