Se cumplen nueve meses desde que iniciaron las manifestaciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes parte de los nicaragüenses señalan de haber arrebatado la tranquilidad, la paz y la seguridad de los ciudadanos. Desde diferentes partes del mundo, se mantiene la lucha exigiendo al régimen su renuncia, que deje en libertad a los cerca de 600 presos políticos y justicia por los asesinatos registrados en el marco de las protestas.
Todo empezó el miércoles, 18 de abril, cuando un grupo de jóvenes, en su mayoría, estudiantes universitarios decidieron protestar en el sector de Camino de Oriente, en Managua, contra unas reformas al seguro social que estipulaban la reducción de las pensiones de los adultos mayores e incrementaban los montos a trabajadores y empleadores.
A pesar que los jóvenes contaban con pancartas hechas a mano, mochilas y consignas un grupo de la Juventud Sandinista (JS) con tubos, piedras y palos atacaron violentamente a los participantes, dejando a varias personas heridas en la cabeza y a un periodista en situación delicada. La policía protegió a los enviados del régimen y a vista y paciencia de los oficiales atacaron a los participantes azul y blanco. Los ataques también se dieron en la Universidad Centroamericana (UCA) donde otro grupo decidió protestar.
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Ante la violenta repuesta del Gobierno, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) con sedes en Managua y León, la Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) se unieron a las protestas desde sus recintos.
La Policía orteguista en su intento de controlar la situación que se les salió de las manos armaron a grupos paramilitares con armas de guerra que cobraron (en una semana) la vida de aproximadamente 40 universitarios; sin embargo a pesar de la exagerada cifra estos no quedaron satisfechos y siguieron atacando cada zona que se levantaba pacíficamente.
Ni con las armas el Gobierno logró evitar que la gente saliera de sus casas a protestar. Mientras se mantenía la tensión, los ciudadanos salieron con cacerolas, caravanas, marchas, tranques y apoyando con víveres a los que resistían con morteros y piedras los ataques armados de la policía y grupos paramilitares.
Crímenes de lesa humanidad
De la represión no se han salvado ni periodistas ni defensores de derechos humanos. Entre las víctimas del orteguismo que más se recuerdan está el asesinato de una familia en el barrio capitalino Carlos Marx. Fueron quemados vivos cuatro adultos y los niños Mathías, de cinco meses y Daryeli, de 2 años y medio. El crimen conmocionó a Nicaragua y las imágenes recorrieron el mundo.
Las masacres orteguistas aumentan en número y en saña. Los pobladores del Carlos Marx fueron testigos de como calcinó a una familia completa, entre ellos menores inocentes. Las sobrevivientes culpan a Ortega. Vea los detalles en @Articulo66Nica @ReporteNi https://t.co/r018U5aUcH
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) 16 de junio de 2018
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó un informe a los organismos internacionales de derechos humanos que señalan al gobierno por crímenes de lesa humanidad; sin embargo siguen con el mismo mensaje “infantil” señalando a los países interesados en que se resuelva la crisis por la vía pacífica de injerencistas y aliados del gobierno de Estados Unidos.
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Rosario Murillo y Daniel Ortega continúan con su política autoritaria a tal punto de imponer “la Política de la Cultura de Paz y Reconciliación”, sin antes haber investigado y hecho justicia por los asesinatos de más de 500 ciudadanos.
Desde el exterior, los nicaragüenses siguen firmes en su lucha para lograr su objetivo y en algunos casos retornar al país. Constantemente organizan marchas y plantones frente a las embajadas de los países miembros de los organismos de derechos humanos demandando sanciones contra el régimen.
