En los 11 años de administración de los Ortega-Murillo hubo momentos de represión y de casos sin esclarecer, pero ninguno impactó tanto como la masacre que se ha ejecutado desde el 18 de abril, contra la ciudadanía nicaragüense.
Bajo mensajes llenos de odio y rencor la primera dama, vicepresidenta y mujer de Daniel Ortega, Rosario Murillo, ordenó a sus fanáticos atacar despiadadamente a los que se oponen a su política hipócritamente reconciliadora.

Después del abuso de poder en Camino de Oriente de la Policía orteguista en conjunto con la Juventud Sandinista, el tercer mensaje de Rosario Murillo contra los estudiantes que rechazaban las reformas al seguro social fue “vampiros que reclaman sangre”, a pesar que eran sus fanáticos los que habían cobrado la vida de varios jóvenes, entre ellos el niño de 15 años, Álvaro Conrado.
La forma de protesta de los universitarios escaló a las estructuras metálicas, instaladas por el Gobierno a las que denominan “árboles de la vida” mientras un amplio grupo de nicaragüenses le llamas “arbolatas” o “chayo palos”, los cuales fueron derribados en toda Carretera a Masaya y en cinco rotondas de la capital, siendo reemplazados por plantas que días después fueron arrancadas por los fanáticos orteguistas. Estos métodos de protesta fueron acompañados de cacerolazos.
Mientras Murillo continuaba incitando al odio y promoviendo el caos en Nicaragua, la población salía en mayores cantidades a las calles exigiendo el cese a la represión y la renuncia de los Ortega-Murillo. Este capítulo dio paso a los tranques para evitar que las “caravanas de la muerte” llegaran a municipios a causar dolor y tragedias en las familias nicaragüenses.
Durante los violentos ataques contra las personas que se encontraban en los tranques los sacerdotes y obispos salieron a las calles a rogarles a las autoridades cesar la represión; sin embargo estos hicieron caso omiso.
Pero las ejecuciones en los tranques no fueron suficientes para el régimen. El 30 de mayo, día de las madres nicaragüenses atacaron la marcha llamada “La madres de todas las marchas”, que dejó como resultado la muerte de 18 jóvenes. Las armas utilizadas por la Policía orteguistas y paramilitares fueron Ak-47 y Dragunov, según los especialistas del hospital Vivian Pellas, quienes atendieron a los jóvenes por las anomalías que se estaban presentando en los hospitales públicos.

La “cacería de brujas” continuó contra las pocas personas que quedaron vivas, y que tuvieron que huir bajo la oscuridad de la noche, cruzando fronteras y sin comida para poder resguardar sus vidas de los ejecutores del régimen.

Entre los episodios que más marcó a las familias nicaragüenses fue el ataque armado e incendio contra seis personas y dos niños en el barrio Carlos Marx de Managua. Recientemente la Policía orteguista ligó este crimen a los defensores de derechos humanos, miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) como parte de la campaña que emprendieron contra ese organismo.

Los pasos que han dado esperanzas a algunas familias nicaragüenses han sido las sanciones de Estados Unidos contra la vicepresidenta y primera dama, y las personas que ejecutaban las órdenes bajo las sombras, entre ellos: Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro presidencial, a quienes el Departamento de Estado los señala de violadores de derechos humanos y corruptos.

Seguidamente las sanciones han venido aumentando y un sector de los nicaragüenses tienen la esperanza de que se aplique la Carta Democrática Interamericana, a pesar de las consecuencias económicas, es un sacrificio que algunos están dispuestos a asumir para lograr la libertad, la justicia y democracia para Nicaragua.
La represión contra el pueblo ha dejado a más de 500 nicaragüenses asesinados, miles de exiliados, secuestrados, heridos y más de 600 presos políticos, entre los que se encuentran universitarios, líderes campesinos y ciudadanos que respaldaron las protestas azul y blanco.