Más de 500 nicaragüenses asesinados, desaparecidos, más de 40 mil solicitudes de refugio en Costa Rica, alrededor de 500 presos políticos y 4 mil 353 heridos, esas son las cifras que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registró hasta el 10 de noviembre desde que iniciase la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los ciudadanos que decidieron protestar en su contra desde el 18 de abril.
Siete meses cumple Nicaragua de estar sumida en la peor crisis sociopolítica en los últimos 27 años, situación que también ha sido catalogada como una de las peores masacres en tiempos de paz. Fue un miércoles, 18 de abril, cuando un grupo de jóvenes, en su mayoría, estudiantes universitarios decidieron protestar en el sector de Camino de Oriente, en Managua, contra unas reformas al seguro social que estipulaban la reducción de las pensiones de los adultos mayores e incrementaban los montos a trabajadores y empleadores.
La respuesta de la dictadura fue la violencia, a pesar de que la protesta era pacífica. Los miembros de la Juventud Sandinista (JS) llegaron a la zona a agredir, amedrentar y robar a los manifestantes a vista y paciencia de la Policía orteguista. Este fue el detonante para que los universitarios se organizaran y continuara la rebelión cívica en todo el país.
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Las universidades públicas, entre ellas; la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Politécnica (Upoli), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), con sede en Managua y León, se convirtieron en los principales bastiones de resistencia y lucha. Los ciudadanos se unieron con protestas en sus barrios, cacerolazos, caravanas, marchas, tranques y apoyando con víveres a los que resistían con morteros y piedras los ataques armados de la policía y grupos paramilitares.
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Las víctimas de la dictadura
La represión empezó a dejar las primeras víctimas el 19 de abril. Darwin Manuel Urbina fue el primer asesinado en las cercanías de la Upoli, en Managua; Richard Pavón Bermúdez, estudiante de 17 años, fue acribillado en Tipitapa. Tenía disparos en la espalda, hombro y cuello, luego fue asesinado Álvaro Conrado, de 15 años, a quien le dispararon en la garganta.
Alvarito, considerado el primer niño mártir, fue impactado en las cercanías de la Catedral de Managua, a donde llegó a regalar agua a los jóvenes que protestaban. El adolescente al ser atendido por estudiantes de Medicina dijo que “le dolía respirar”. Llegó con vida al Hospital Cruz Azul y los médicos le negaron la atención. El niño, estudiante del cuarto año de secundaria del Instituto Loyola, murió pocas horas después.
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Y así continuaron los primeros tres días de protestas, la policía había cambiado las balas de goma y los gases lacrimógenos por balas de plomo. El 21 de abril, Nicaragua vio en directo como el periodista Ángel Gahona era asesinado en Bluefields, Gahona transmitió por Facebook su propia muerte.
De la represión no se han salvado ni periodistas ni defensores de derechos humanos ni tampoco los bebés. Entre las víctimas del orteguismo que más se recuerdan está el asesinato de una familia en el barrio capitalino Carlos Marx. Fueron quemados vivos cuatro adultos y los niños Mathías, de cinco meses y Daryeli, de 2 años y medio. El crimen conmocionó a Nicaragua y las imágenes recorrieron el mundo.
Las masacres orteguistas aumentan en número y en saña. Los pobladores del Carlos Marx fueron testigos de como calcinó a una familia completa, entre ellos menores inocentes. Las sobrevivientes culpan a Ortega. Vea los detalles en @Articulo66Nica @ReporteNi https://t.co/r018U5aUcH
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) 16 de junio de 2018
Ante la opresión y la resistencia de los nicaragüenses, Ana Margarita Vijil, miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y una de las dirigentes que estuvo detenida en las celdas de El Chipote por protestar pacíficamente, expresó que “han pasado siete meses y seguimos sin libertad y sin justicia. Así que es una buena fecha para reafirmar que seguiremos luchando hasta conseguirlas”.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos siguen responsabilizando al Gobierno por las ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Solicitamos hoy a la comunidad internacional hacer uso de la diplomacia, el multilateralismo y la mediación como herramientas válidas frente a los graves acontecimientos que se conocen en Nicaragua y Venezuela @CumbreIberoA #26CumbreGT pic.twitter.com/66nBU1o2CC
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) 16 de noviembre de 2018
¿Reconciliación sin justicia?
Ante “la Política de la Cultura de Paz y Reconciliación” propuesta por la vicepresidenta, Rosario Murillo, el pueblo y los familiares de los miles de afectados por la represión del régimen han rechazado esa iniciativa.
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El sociólogo Cirilo Otero se refirió a la idea de “reconciliación” como un acto incoherente porque no muestra la voluntad política de sus impulsores. Además calificó los siete meses de protestas como los más “trágicos, dolorosos y manejados con odio y sin responsabilidad ni madurez institucional”.
Protestan desde el extranjero
A pesar de que muchos nicaragüenses se han autoexiliado para resguardar sus vidas y las de sus familiares, persisten protestando y demandan el respeto a los derechos que la Constitución de Nicaragua les otorga.
Tal es el caso de Carlos, estudiante universitario que fue encarcelado en el mes de abril por estar en una barricada ubicada en la Universidad Nacional Agraria (UNA), quien sigue demandando desde el extranjero justicia para los crímenes que se han dado en el país.
Los nicaragüenses en el exterior también se han organizado para reprochar la acciones dictatoriales de Daniel Ortega y su núcleo.
Aunque se instaló una mesa del Diálogo Nacional el 16 de mayo no hubo avance y la dictadura arremetió con una campaña contra los obispos a quienes tilda de “golpistas” y de estar confabulados con los grupos opositores para quedarse con el poder. Los líderes de la Iglesia católica también han sido agredidos y han recibido amenazas de muerte por parte de fanáticos orteguistas.
La violencia estatal ha llevado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a discutir la situación de crisis que enfrenta Nicaragua y a demandar al Gobierno el cese de la violencia y de las detenciones arbitrarias. En las cárceles, hay cerca de 500 presos y presas políticas por protestar, entre ellos, líderes estudiantiles, dirigentes del movimiento campesino y de grupos políticos.
soy de Moninbó vivi lo peor, gracias a la vida nadie fue arrestado de mi familia y por cierto despues de ese día Monimbó se incendió!!!! NICARAGUA LIBRE!!!