El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Guatemala revocó las visas a 11 funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ayer 18 de diciembre, luego de esto las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración fijaron 72 horas para que esos miembros salgan del país. Esta nota se les hizo llegar a los 11 profesionales extranjeros a quienes también se les revocaron las visas de cortesía, la acreditación diplomática e inmunidad, esto informó Matías Ponce, vocero de la CICIG.
En esa lista incluyeron a César Rincón, uno de los mandatarios de la CICIG y pieza clave en el caso denominado «La Línea, Cooptación del Estado y Botín Registro de la Propiedad», que involucra a exfuncionarios del Partido Patriota y al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales.
La CICIG es un organismo independiente, de carácter internacional, creado para apoyar al Ministerio Público, Policía Nacional y otras instituciones guatemaltecas en el desmantelamiento de las organizaciones criminales, cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan los derechos humanos. La CICIG nació para combatir la impunidad en Guatemala.
«La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala de revocar y no renovar visas a funcionarios carece de fundamento legal y, por lo tanto, es arbitraria», aseguró Iván Velásquez, comisionado de la CICIG.
Además, Velázquez declaro desde el extranjero que esta medida adoptadas por la Cancillería de Guatemala son inconstitucionales y las catalogó como un «atentado al Estado de Derecho y podrían significar el preludio de acciones de fuerza contra los funcionarios de la CICIG».
Expertos en Derecho explicaron que el Convenio que da vida a la CICIG es ley de la República, pues fue aprobado por el Congreso y un oficio de Cancillería o de Migración, no puede contravenir la ley».
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que esta «acción se hizo con base en el Artículo 12 del Acuerdo de creación de la CICIG, el cual trata sobre cómo debe abordarse la solución de conflicto entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala».
Este articulo solamente señala que «toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente Acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido».
Este organismo es una pesadilla para los corruptos en Guatemala. Muchos gobiernos, como Venezuela y El Salvador, la han criticado y tildado de «injerencista». La CICIG se sostiene económicamente por Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Varios presidentes de la región se han sentido amenazados ante la idea de instalar en sus países un organismo independiente que investigue a fondo los casos de corrupción en sus administraciones.
En un editorial del diario La Prensa, de agosto de 2017, se manifiesta la oposición del Gobierno de Daniel Ortega a organismos como la CICIG. En junio de 2016, durante una declaración del Foro de Sao Paulo en El Salvador, condenó expresamente a la CICIG, calificándola como un instrumento de los Estados Unidos que se adjudica prerrogativas fiscalizadoras en el enfrentamiento a la corrupción.
