Durante la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno de Nicaragua rechazó, una vez más, que se abordara el tema de la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril de este año y reiteró que la administración de Daniel Ortega “no ha aprobado la presencia de ningún grupo de trabajo”. Su par venezolano calificó de “intromisión” y de un nuevo intento de “desestabilizar” y “hostigamiento que se realiza desde el exterior” contra el régimen.
70 diputados sandinistas cumplieron la orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reformaron la Constitución y establecieron la prisión perpetua.
El Grupo de Trabajo para Nicaragua tiene como mandato contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles en el país. Está conformado por 12 representantes de las naciones de: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
La representación de Canadá aseguró que el grupo de trabajo de la OEA se reunió con los miembros de la Unidad Azul y Blanco, defensores de derechos humanos, sacerdotes, con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y resto de la población afectada. Por su parte, el gobierno “sigue bloqueando el acceso al Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) y otros cuerpos que deben de reportar sobre la situación del país”.
“Han mostrado a los miembros de esta sesión la realidad nicaragüense, los cuales han sido amenazados, encarcelados y hay incertidumbre e inseguridad de muchas empresas que se han retirado de Nicaragua”.
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La representación de Nicaragua, con el mismo mensaje de la familia dictatorial rechazó, condenó y tildó de injerencista al grupo de trabajo de la OEA; además los señaló de promover el “terrorismo económico” en el país, que desde el 18 de abril ha sido víctima de las violaciones a los derechos humanos y de la cruel e inhumana acción de la Policía orteguista bajo la orden de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
“No son terroristas y no deben de ser tratados como tales”
La representación de Estados Unidos resaltó que la responsabilidad de la OEA es “responder a la situación de Nicaragua” donde la población es atacada por los agentes de seguridad de Daniel Ortega.
Estados Unidos aseguró que el gobierno de Nicaragua ha demostrado violaciones a los derechos humanos y la degradación de las instituciones por mantener el poder, los cuales el mundo observa y condena. “Queremos la liberación inmediata de todos los detenidos y los defensores de derechos humanos porque no son terroristas y no deben de ser tratados como tales”.
“Todos estamos pendientes de ellos e instamos a otros gobiernos a condenar las medidas que maltratan los derechos humanos (…) Instamos al gobierno a escuchar al pueblo nicaragüense, realizar elecciones libres y transparentes. El gobierno de E.E.U.U sigue apoyando al pueblo de Nicaragua y quiere que Ortega se haga responsable por los actos de violencia”, dijo el representante de Washington.
El tercer informe de la OEA describe la extrema situación económica de Nicaragua, el estado de los migrantes en la región y la poca disposición de la dictadura de fortalecer y adoptar medidas concretas para solucionar la crisis.
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Durante las últimas semanas el acoso y la represión contra las voces que denuncian los delitos de la familia presidencial han incrementado, a tal punto de quitar la personería jurídica a organismos de derechos humanos e instituciones que se dedicaban a la investigación y educación sobre temas de interés social. Asimismo, diferentes medios de comunicación, periodistas y directores de medios han denunciado secuestros, detenciones arbitrarias y encarcelamientos por parte de la Policía orteguista.
