El pasado 5 de diciembre fue presentada la iniciativa de ley para cancelar la personalidad jurídica a la entidad Asociación Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). Esta acción viene luego de que el pasado 29 de noviembre la Asamblea Nacional, dominada por la maquinaria rojinegra, cancelara la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), una organización que era encabezada por la activista feminista Ana Quirós, quien fue deportada el 26 de noviembre.
Al igual que con la cancelación de CISAS, el decreto legislativo que busca desmantelar al IEEPP, es impulsado por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez. El parlamentario señala al IEEPP de haber «desnaturalizado su Personalidad Jurídica al realizar actividades que no estaban de acuerdo a los fines y objetivos por los cuales se constituyeron en organismo sin fines de lucro por haber utilizado la Persona Jurídica en las actividades y sucesos desestabilizadores acontecidos en el país».
El documento señala que el Ministerio Público y las supuestas investigaciones de la Policía orteguistas, determinaron que el «esquema organizacional del IEEPP (fue usado) para la comisión de delitos al gestionar recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas, para el adiestramiento de grupos de personas que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país».
«Cancélese la Personalidad Jurídica de la entidad ASOCIACION INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS, conocida con las siglas IEEPP, sin fines de lucro, de duración indefinida y con domicilio en la Ciudad de Managua, Departamento de Managua».
De ser aprobada la cancelación el Ministerio de Gobernación, deberá proceder a la cancelación en un plazo de 15 días, y el IEEPP deberá entregar los libros de ley y el sello de la asociación y demás documentos que pudieran requerir las autoridades, así mismo deberá notificar al resto de autoridades relacionadas.
Contrario a lo que ocurrió con CISAS, el destino de los bienes y acciones que pertenezcan al IEEPP, «tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el Acto Constitutivo o en sus Estatutos. Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado», contrario a lo que ocurrió con CISAS, a la cual le fueron confiscados todos sus bienes sin ninguna explicación, arrogándose la Asamblea Nacional funciones propias de un juez.
