Desde 26 de julio, el ciudadano Domingo Lacayo Campos, de 49 años, fue detenido sin una orden de arresto por varios policías orteguistas mientras realizaba compras en una ferretería ubicada en la Jinotepe, Carazo. Los oficiales le quitaron su camioneta y sin dar información de su situación a los familiares se dirigieron a su hogar para buscar armas y arrestar a sus hijos que fueron agredidos violentamente con las escopetas.
Yeldri Bermúdez, nuera y esposa de uno de los afectados dijo que seis días después de su arresto liberaron sólo a sus dos hijos, pero a Lacayo lo dejaron detenido por homicidio en grado tentativo, terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de los servicios públicos.
La familiar detalló que durante su primera audiencia, el 30 de julio, el CPC del barrio lo acusó de amenazas con arma de fuego, entre otros delitos. Un mes después de su arresto fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote”, en Managua y el cuatro de septiembre lo enviaron al Sistema Penitenciario de Tipitapa.
Según Bermúdez, su suegro tiene problemas de salud y en las visitas que han realizado no le pasan el medicamento ni permiten que los doctores lo revisen para dictar un diagnóstico.
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El Instituto de Medicina Legal de Jinotepe, entregó un análisis realizado 21 de agosto donde concluyen que el ciudadano tiene infección en las vías urinarias e hipertrofia prostática, y quistes simples hepáticos.
Así mismo, sus familiares aseguraron que Lacayo se rehusó a firmar los documentos de ocupación porque no coincidían con la fecha de su detención ni con las cosas que le confiscaron.
Hasta la fecha, sus hijos y nuera siguen esperando que les notifiquen qué va pasar con Domingo Lacayo, quien no tiene una sentencia y tiene problemas de salud que necesitan de atención médica constante.
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Organismos de derechos humanos en el país reportan más de 540 presos políticos, quienes están siendo acusados de crímen organizado, terrorismo, daños a los bienes públicos, ocupación de armas, entre otros delitos, los cuales son llevados a las salas de juicio con testigos falsos y pruebas que no demuestran la culpabilidad de los acusados.
