El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción interpuso un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobada, el pasado 17 de julio, por los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional.
Los movimientos que integran el Observatorio; Movimiento por Nicaragua, Hagamos Democracia, Instituto de Liderazgo de la Segovias, Movimiento Puente, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, (ANPDH) y la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), justificaron el recurso por inconstitucionalidad aduciendo que se trata de una Ley que impone nuevos conceptos que “son muy amplios” y están siendo “usados para criminalizar las protestas pacíficas” de los nicaragüenses que disienten de las ideas represivas del régimen de Daniel Ortega.
Alberto Novoa, abogado y exprocurador de justicia, explicó que lo que sucede con esta Ley es que se deja a discrecionalidad de quienes imparten justicia los alcances e interpretación, esto mediante el uso de “tipo penales abiertos”.
El recurso por inconstitucionalidad va dirigido en contra del hasta ahora presidente Daniel Ortega y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. El recurso del Observatorio expone que las reformas realizadas por el poder legislativo al Código Penal “violentan la Constitución”, porque menoscaban los derechos de los nicaragüenses.
Ley del Terrorismo es “un arma política”
“Son leyes de tipo penales abiertos y tienen una apertura enorme. Permite al Juez una gran discrecionalidad para poder calificar la conducta como prohibida y adecuarla al tipo de terrorismo. Las penas de terrorismo son altas, quince años, por lo tanto menoscaba los derechos”, especificó Novoa.
Para el exprocurador de justicia la Ley Contra el Terrorismo, que fue aprobada de una forma tan abierta a la discrecionalidad de los que imparten justicia, es un “arma política pues se está utilizando el derecho como un arma para criminalizar a manifestantes”.
De ser considerado y asumido este recurso por inconstitucionalidad, que interpone el Observatorio, por la Corte Suprema de Justicia los procesos judiciales “podrían declararse nulos”. Sin embargo, ni los mismo firmantes del recurso consideran que esto pueda llegar a suceder por la parcialidad política que han demostrado los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, los miembros del Observatorio tienen esperanza de que este acto siente un precedente sobre la postura de la sociedad civil, en un contexto en el que las instituciones estatales son poco creíbles.
