Presos políticos se enfrentan a juicios plagados de anomalías, según la ONU

“Generalizadas”, han sido según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), “las violaciones a las garantías del debido proceso” que enfrentan alrededor de 300 presos políticos que han sido llevados a las autoridades judiciales señalados de ser autores del delito de terrorismo, crimen organizado, secuestro, extorsión o asesinato.

De acuerdo al informe, Violaciones de Derechos Humanos y abuso en el contexto de las protestas en Nicaragua, la cadena de violaciones al debido proceso inicia desde la detención de los protestantes, el tiempo de presentación ante el juez, el derecho a la defensa, el derecho a un juicio oral y público, la retardación de las notificaciones y las torturas durante su detención.

“Los familiares de las personas cuyo paradero es desconocido usualmente presentan peticiones de Habeas Corpus. La OACNUD (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU) ha documentado en algunos casos, que los jueces designados para resolver sobre peticiones de Habeas Corpus habían fallecido. Esto ha sido percibido como una táctica para demorar la resolución de esas peticiones por un juez competente. Con pocas excepciones, las peticiones de Habeas Corpus no han prosperado”, indica el informe.

A puertas cerradas; ni defensores ni medios

El pasado 17 de julio en el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua a cargo del juez Henry Morales, se presentó al líder campesino y preso político, Medardo Mairena junto con su compañero de lucha Pedro Mena Amador, señalados de cometer los delitos de asesinato, terrorismo, crimen organizado, secuestro simple, robo agravado, daños a la propiedad pública, entorpecimiento de servicios públicos y lesiones.

Tanto en la Audiencia Preliminar como en la Audiencia Inicial, realizada el 15 de agosto pasado, no se permitió el ingreso de medios de comunicación independientes ni a representantes de la CIDH y Naciones Unidas. Tampoco dejaron ingresar a representantes de organizaciones de derechos humanos nacionales.

“No siempre se permite a familiares y abogados defensores estar presentes en las audiencias, y a los observadores internacionales (incluidos la OACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) se les ha negado autorización para monitorear las audiencias”, dice el informe.

El informe también expresa que los presos políticos están expuestos a campañas difamatorias a través de los medios de comunicación oficialistas quienes no han respetado la presunción de inocencia y publican imágenes de los procesados como culpables, aun cuando los juicios están en su primera fase.

#Nicaragua #OACNUDH insta a las autoridades a decidir con pleno respeto del debido proceso y sin dilacion la situación de Byron Estrada, Luis Quiroz, Levis Artola, Nahirobi Olivas, Victoria Olando, Juan Pablo Alvarado y Yaritza Rostrán detenidos en León el sábado. pic.twitter.com/l2xzTmjr7B

— Derechos Humanos ONU (@OACNUDH) 27 de agosto de 2018

“Los medios de comunicación oficial… han frecuentemente tendido a retratar a los acusados en relación con las protestas como criminales “manipulados por los partidos de derecha” y como “instigadores de un golpe de estado”, violando así la presunción de inocencia. Imágenes de muchos de estos juicios han sido difundidas ampliamente”, indica.

“Están juzgados, ya todo lo demás, es simple parodia”

El abogado Gerardo Gonzáles Riega, un tanto frustrado, expresó que lo que está ocurriendo en Nicaragua no es más que una parodia en la que las autoridades judiciales no respetan la presunción de inocencia, el debido proceso, así como tampoco las garantías constitucionales.

“Estos casos ya están juzgados, ya todo lo demás es simple parodia. Las sentencias políticas no se cumplen nunca, en eso está resumido lo que está pasando ahorita. Lo que vamos a ver en las próximas semanas, meses y lo que vamos a ver después ojala y no sean años”, dice González, quien cree firmemente que el grupo de poder “sabe que más temprano o más tarde tendrá que rendir cuentas y necesita tener a  mano un argumento. Un elemento de negociación es decir una amnistía general, un borrón y cuenta nueva”.

El también master y docente de la Universidad Americana (UAM),  insiste en lo viciado del sistema desde la ‘aleatoriedad’ del juzgado e indica que no es coincidencia que el juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, sea quien juzga a Medardo Mairena, Pedro Mena, Bayardo Siles, Apolonio Fargas Gómez, alcalde de Mulukukú, su guardaespalda y chofer, pero también es quien declaró culpables a Brandon Lovo Taylor y Glen Abraham Slate por el asesinato del periodista Ángel Gahona.