[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Fiscalía General de la República, controlada por la comisionada general (en retiro) de la Policía, Ana Julia Guido, acusó ante el sistema judicial orteguista a once ciudadanos originarios de Sébaco, Matagalpa por los delitos de Crimen Organizado, Terrorismo, Entorpecimiento de Servicios Públicos, Portación o Tenencia Ilegal de Armas, Fabricación, Tenencia y Uso de Armas Restringidas, Sustancias o Artefactos Explosivos.
Los acusados por el Ministerio Público son Adonis Vargas Morráz, Mauricio Eliecer Castillo Cabrera, Modesto José Machado Urbina, Michael Alexander Valle Hernández, Misael de Jesús Escorcia Rugama, Julio César Alvarado Rizo, Erick Antonio Robleto Rivera, Erling Santiago Trujillo Velásquez, Freddy José Vega Arancibia, Oscar Danilo Mendoza Lanzas y Guillermo José Rodríguez Tinoco.
Rodríguez Tinoco (el último del párrafo anterior), es señalado por el régimen como “cabecilla” del grupo y lo acusan como autor del homicidio de Luis Alberto Espinoza Ruiz, el paramilitar orteguista, habitante de Ciudad Darío, que el 30 de junio llegó junto a un escuadrón de policías antimotines al puente de Sébaco a atacar a balazos a los manifestantes autoconvocados que tenían un tranque en ese municipio y tras una balacera resultó muerto.
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La causa contra los once habitantes de Sébaco fue enviada al Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, a cargo de la juez suplente Lourdes Corea. Desde el inicio del Gobierno de Daniel Ortega, el régimen utiliza el sistema judicial para castigar a quienes protestan contra sus desmanes.
La vieja práctica incluye la sustracción de los detenidos y procesados de sus domicilios, en abierta violación al Código Penal. En el caso de estos ciudadanos habitantes de Sébaco, deberían ser juzgados en su municipio o en Matagalpa, la cabecera departamental, pero no en Managua como lo acostumbra el sistema judicial, obediente a la dictadura familiar.
12 autoconvocados de Tipitapa acusados por los mismos delitos
La Fiscalía orteguista también acusó a los ciudadanos Wilmer Martínez Díaz, Ervin Alexander Zamora Peña, Daniel Alexander Sánchez, Junior Alexánder Sánchez, Guillermo José Ruiz, Juan Carlos Bermúdez, José Margarito García Orozco, Yader Rubén Cantón Rodríguez, Francisco José López Rivera, Wilfredo Antonio Orozco Urbina, Mauricio Antonio Paniagua García y Yudielka Yaneris Flores Aburto, todos habitantes del municipio de Tipitapa.
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Según el Ministerio Público, todas estas personas cometieron los delitos de terrorismo, portación y tenencia ilegal de armas y crimen organizado. Aunque la Fiscalía no determinó en sus acusaciones ninguna conexión entre los procesados de Tipitapa con los de Sébaco, sospechosamente todos están encausados casi por los mismos delitos y fueron capturados y llevados a juicio en simultáneo.
En una clara confesión del régimen de que los juicios contra los 12 habitantes de Tipitapa y los 11 de Sébaco son una acción política del orteguismo para criminalizar la protesta cívica y doblegar a los manifestantes, el portal electrónico de propaganda oficial, 19 Digital, señala a los procesados como “sujetos manipulados por los grupos golpistas” y como “banda delincuencial que recibía financiamiento de los grupos de la derecha”, una de las campañas sostenidas por el régimen para enfrentar la rebelión cívica que lo tiene en la cuerda floja desde el 18 de abril.
Los 12 acusados de Tipitapa fueron remitidos al Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencias, a cargo del juez orteguista, Abelardo Alvir Ramor.
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