La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió adoptar medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los estudiantes universitarios y sus familias, tras considerar que se encuentran en grave riesgo por haberse levantado en una protesta pacífica en Nicaragua que tiene en jaque al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
12 retenes de la Policía del régimen lo largo de la carretera hacia Ocotal y finalmente un escuadrón de más de cien efectivos armados, apostados en el puente El Chaparral, impidieron la llegada de dirigentes de la Coalición Nacional a la reunión organizativa de San Fernando, en Nueva Segovia.
El informe publicado en la página web de la CIDH especifica que los universitarios, cuya seguridad será, ahora, responsabilidad del Estado de Nicaragua, son los siguientes: Bosco René Bermúdez; Brandon José Cruz; Fernanda Porto Carrero; Fernando José Sánchez Zeledón; Ángel Gabriel Rocha Amador; Víctor Agustín Cuadras Andino; Lesther Lenin Aleman Alfaro; Iskra Guisselle Malespín Sevilla; Judith Belen Mairena; Mildred Gisselle Rayo Ramírez; Madelaine Jerusalem Caracas Marín; Jeancarlo Manuel López Gutiérrez y Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez.
La CIDH agregó que “tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, a la luz del contexto específico en que tendrían lugar, la Comisión consideró que (los estudiantes) se encuentran, en principio, en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo”.
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El reporte indica que esta determinación fue tomada tomando en cuenta “los testimonios de las y los estudiantes que fueron entrevistados por la Comisión en su visita de trabajo a Nicaragua, entre el 17 al 21 de mayo de 2017, los cuales indican que en su mayoría habrían sido objeto de actos de violencia como resultado de la represión en el marco de su participación en las protestas sociales emprendidas, incluso cuando desempeñaban labores de asistencia médica, auxilio a heridos, o bien, para proveer agua o alimentos (a los manifestantes)”.
El organismo defensor de los derechos humanos además explicó que los universitarios denunciaron ser objeto de campañas de intimidación y persecución “mediante amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas o a través de redes sociales, o bien, mediante seguimientos por personas motorizadas o en camionetas”.
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Además, “la Comisión observa que las y los propuestos beneficiarios serían objeto de una gran estigmatización y en varios casos se habrían difundido imágenes de sus rostros a través de fichas de identificación denominadas “rostro del caos” que contendrían además información relacionada con el nombre de sus familiares e incluso su número de cédula de identificación personal”, certificó la CIDH.
Miedo a infiltrados que torturan
El documento sobre el otorgamiento de las medidas cautelares además agrega que “la Comisión recogió testimonio de uno de los universitarios y observó con preocupación, al momento de determinar la gravedad de la situación, que incluso habría personas ´infiltradas´ entre los estudiantes que atemorizarían a los beneficiarios de manera constante, y en uno de los casos informados, se denunció que tales personas habrían rociado gasolina sobre otro estudiante, quemado el rostro y cuello, y lo habrían amedrentado con ´quemarlo vivo´, además de haberle golpeado severamente y después mantenido con sedación.
Una vez dictada esta medida, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua “que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las y los beneficiarios y sus familiares. A tales efectos el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida a integridad personal de los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros; concierte las medidas a adoptarse con las y los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.
La CIDH adelantó que durante la visita al país, en el contexto de la crisis política, la represión y las movilizaciones cívicas recibió otras solicitudes de medidas cautelares para otras personas e instituciones y continúan evaluando dichas peticiones.
