[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) solo levantará sus finanzas con reformas que van desde el aumento del número de cotizaciones, aumento de la edad de jubilación. El organismo financiero internacional también sugirió eliminar las exoneraciones fiscales que el país otorga a bienes de consumo, maquinaria agrícola y hasta a yates y helicópteros que solo benefician a grandes empresas y personas de alto poder económico.
El representante del FMI, Fernando Delgado, afirmó que el INSS necesita esas reformas para estar solvente y que no se trata de la aplicación de justicia social, sino de finanzas que buscan rescatar a la institución del déficit en que se encuentra, ya que según proyecciones de expertos en economía este ha aumentado para 2018 entre 2 000 y 2 200 millones de córdobas.
En 2017 una comisión de esa misma entidad dijo al gobierno que con el nivel de déficit del INSS y la reducción de sus reservas económicas, la institución quedaría insolvente para el 2019. El FMI sugirió para entonces, reducir las pensiones, incrementar la edad de jubilación, subir las semanas cotizadas y reducir los gastos médicos a los asegurados.
El año pasado decenas de adultos mayores jubilados denunciaron que la institución había eliminado, sin anunciarlo, una lista de medicamentos de uso diario para pacientes con enfermedades crónicas. El asesor económico presidencial, Bayardo Arce negó que el Seguro Social estuviera aplicando alguna medida y justificó la escasez de medicamentos a un problema cotidiano con los proveedores de los fármacos.
El peso de las exoneraciones
Sobre la recomendación del FMI de reducir las exoneraciones fiscales, el economista Adelmo Sandino, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), explicó que mediante este tipo de dispensas, el Estado deja de percibir unos 800 millones de dólares anuales, equivalente a cerca del 7% del Producto Interior Bruto (datos del 2012).
Sandino detalló que solo en exoneración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) la reducción de los ingresos rondan los 350 millones de dólares. “Es un gasto importante para una economía tan pequeña como la nicaragüense”, explicó el especialista.
Si de esos 350 millones de dólares, el gobierno reduce al menos un 25% significaría que el país recaudaría unos 87 millones que actualmente se están escurriendo mediante ese tipo de privilegios, explicó Sandino.
El especialista del Ieepp también reclamó por la falta de transparencia oficial sobre ese tipo de beneficios fiscales. “Desde que se aprobó la Ley de Equidad Fiscal en noviembre de 2012, el gobierno se obligó a publicar una lista, con nombres y apellidos, de las empresas que reciben estas exoneraciones y eso no se cumple”.
El artículo 286 de la ley que cita Sandino refiere que “el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Administración Tributaria y Aduanera, publicará la información sobre las exenciones y exoneraciones otorgadas. La publicación deberá contener al menos la siguiente información: nombre del beneficiario, bienes, monto exonerado y base legal para otorgarla. Esta información deberá incorporarse en los informes de ejecución presupuestaria que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remita a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General de la República”.
El gobierno “no quiere dar a conocer cuáles son las empresas y los grupos económicos que se están beneficiando”, cuestionó Sandino, a pesar que “ahí es donde está el mayor hueco financiero”, dijo.
La legislación tributaria otorga beneficios por exoneración de impuestos al sector agropecuario, minas, zonas francas, turístico y forestal. El especialista considera que la medida sugerida por el FMI es apropiada, tomando en cuenta la pérdida de flujos financieros como la cooperación venezolana, que en los últimos 8 años representó más de cuatro mil millones de dólares, así como las amenazas económicas como consecuencia de las sanciones de Estados Undos.
“El problema es que (las exoneraciones) generan una falta de recaudación que se podría utilizar para programas estratégicos para el país, como por ejemplo reducción del endeudamiento externo”, insistió Adelmo Sandino.
Aunque el país también exonera de IVA algunos bienes de la canasta básica, el especialista, comentó que ese tipo de beneficios “no se deberían tocar, porque eso es vital para la población, pero sí deberían revisarse lo que reciben otros sectores, como el sector minero que no paga por la importación de bienes de capital, por exoneración que tiene por sus inversiones”.
FMI preocupado por que los viejos no se mueren
“Lo que ocurre es que una jubilación a los sesenta años, que hace más o menos quince años, suponía que uno estaba cotizando más o menos como media el mismo número de años que recibía de pensión, hoy en día se ha quedado desequilibrada (porque) resulta que uno cotiza el mismo número de años, pero recibe pensión durante muchos más años”, explica el representante de FMI para fundamentar sus recomendaciones.
“No es una cuestión de justicia social, ni que la gente no tenga derecho a jubilarse a los sesenta años, es una cuestión de finanzas”, defendió el representante del FMI.
Sin embargo, para el economista nicaragüense Adolfo Acevedo el tipo de cambios que sugiere el FMI solo significarían un problema fundamental para la seguridad social de Nicaragua, aunque se logre extender la solvencia financiera ya que el costo sería “desaparecer, en gran medida, el propio sentido de la seguridad social: asegurar una pensión y una atención de salud digna”.
Para Acevedo la única manera en que puede sostenerse el pago de pensiones y el costo de la salud es si el porcentaje de ocupados en empleos de creciente productividad e ingresos crece con suficiente rapidez como para sostener el costo creciente en pago de pensiones o los costos de la atención médica.
El economista Adolfo Acevedo considera que ante la insolvencia del Inss, realmente se necesita que “el número de trabajadores formales y sus salarios reales crezcan a la tasa necesaria para poder sostener al número creciente de pensionados y su pensión promedio más los crecientes costos de salud de los afiliados y pensionados (porque) si ambas tasas no corresponden surgen desequilibrios cada vez mayores”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
