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Según el Gobierno, los daños provocados por Eta e Iota, ascienden a mas de 742 millones de dólares y con esa cifra está estirando la mano ante la comunidad internacional en busca de recursos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que solicitó a los 25 Estados miembros, que integran el Sistema Interamericano, abrirse al matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto ante la consulta realizada por el Gobierno de Costa Rica que tienen la iniciativa de permitir a las comunidades Lesbianas, Gay, Transgénera, Bisexual e Intersexual (LGTBI) el cambio de sus nombres de pila por el que más les parece por su orientación sexual y permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La respuesta de la CIDH a la consulta de Costa Rica, enviada en mayo de 2016, incluye que todos los derechos patrimoniales del vínculo familiar de parejas del mismo sexo deben ser protegidos, sin discriminación alguna, con respecto a las parejas heterosexual. Es por ello que le indicaron al Estado costarricense que no se pueden separar las legislaciones que lo regulen porque eso se interpretaría como discriminación para las comunidades LGTBI.
De igual manera, la CIDH indicó que la protección de los derechos va más allá del patrimonial porque se deben de reconocer todos los derechos que, las legislaciones y Estados, les confieren a las parejas heterosexuales y a las personas de la diversidad sexual.
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En Costa Rica, la comunidad sexualmente diversa ha iniciado una campaña de sensibilización sobre los derechos humanos de las personas LGTBI.
Los señalamientos de la CIDH han sido asumidos por las comunidades con orientaciones sexuales diversas como “positivos”, ya que representan un avance porque el organismo internacional está ratificando los derechos que como personas tienen los LGTBI.
En las comunidades LGTBI de Nicaragua ha generado un debate entre las repercusiones de los puntos expuestos por CIDH, en respuesta a Costa Rica, porque consideran que sí es un avance a nivel de reconocimiento y apoyo internacional, sin embargo, consideran que en Nicaragua difícilmente obtendrán cambios significativos, en materia de reconocimiento pleno de los derechos de las personas con orientación sexual diferente, ya que no hay disposición gubernamental.
Gobierno de Nicaragua no apoya a los LGTBI
Ludwika Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Transgénero (ANIT), afirmó que para lograr algún cambio legislativo en el que se reconozcan los derechos plenos de su identidad de género, la atención médica y el seguro social que tienen las comunidades LGTBI el Gobierno de Nicaragua tendría que “romper los lazos que existen con la iglesia, porque sabemos que es un influyente grande (…) entonces tenemos que ir rompiendo con los paradigmas de la religión”.
Para el activista Elvis Salvatierra “no hay esperanzas” de que se hagan grandes cambios en Nicaragua, aunque el organismo continental de defensa a los derechos humanos haya emitido su apoyo a las comunidades LGBTI. Salvatierra consideró que “hay muchas violaciones de Estado, mucho autoritarismo de las instituciones públicas, abusos de la Policía Nacional (…) entonces es muy desesperanzador nuestro futuro, es cierto que cosas como el matrimonio homosexual es como para nunca, pero hay cosas básicas que se deberían de garantizar como acceso a la educación, pensiones, salud y un empleo digno”.
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