[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Procuraduría General de la Republica (PGR), sorprendió a los exfuncionarios públicos al cobrarles las cuentas pendientes que tienen con el Estado de Nicaragua.
Una larga lista de exfuncionarios públicos, fue subida a la página web de la PGR en noviembre de 2017. Seguida de un aviso en donde «requieren a los exfuncionarios públicos se presenten a esta entidad para cancelar sus obligaciones pecuniarias con el Estado, o bien hacer arreglo de pago», o sea que paguen el dinero defraudado en perjuicio del Estado de Nicaragua.
El aviso está firmado por el procurador Hernán Estrada, y dice que de no cancelarse las deudas «se ejercerán las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes para garantizar la restitución al erario del perjuicio económico causado».
El pliego de glosas y multas administrativas que determinó la Contraloría General de la República, se puede observar y descargar en el sitio web de la PGR. En dichas glosas se detallan los nombres y cargos de los funcionarios corruptos o que cayeron en actos irregulares según la PGR, al igual que las cantidades defraudadas entre 1995 y 2006.
La gran lista de los supuestos corruptos
Son 125 las glosas por responsabilidad civil, con unos 286 nombres de funcionarios envueltos en anomalías y corrupción. La lista abarca los 3 gobierno liberales y la revisión se detuvo justo al inicio del primer gobierno de Daniel Ortega en 2006.
En la lista principalmente figuran los nombres de funcionarios de los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Entre las instituciones perjudicadas están la Dirección General de Aduanas, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), Lotería Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia (FONIF), ahora Ministerio de la Familia; Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss), la Dirección General de Ingresos (DGI), entre otras.
El primer nombre en figurar es el de la excontadora Araceli Martina Darce Hernández, quien laboraba en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – León), durante el gobierno de Violeta Chamorro. Según la glosa recibió «52,371.95 córdobas. Por ingresos recibidos entre el siete de noviembre de 1995 y el 22 de enero de 1996, los cuales no fueron depositados en la Tesorería General de la UNAN – LEÓN».
En las glosas hay enormes sumas millonarias, como los más de 200 millones de dólares que Eduardo Mena Cuadra y Gustavo Narváez Picado, supuestamente pagaron como indemnización a cargos de confianza, cuando fueron vocales de la Junta Directiva de la Compañía Nacional Productora de Cemento (CANAL S.A), según la glosa ambos funcionarios violaron el Art. 47 del código del trabajo. El cual dice que a los trabajadores de confianza solo se les debe indemnizar con una cantidad equivalente entre dos meses y hasta seis meses de salario siempre y cuando tengan un mínimo de un año trabajando en la institución.
Los nombres destacados
En la glosa número 15 destacan los exdirectivos del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC) Donald Spencer Frauemberger, Ruth Maria Obando Martínez, Luis Emilio Midence Padilla y Orlando Castro Gutiérrez a quienes se les señala, según el documento de la Procuraduría, de causar un perjuicio al estado por más de 11.3 millones de córdobas «por fondos transferidos irregularmente del BANIC a su filial BANICARD para pagos de miembros de las Juntas Directivas de ambas instituciones».
No podía faltar Jerez
En la glosa número 17, el ahora diputado de la Asamblea Nacional Byron Rodolfo Jerez Solís está mencionado en una operación con el cheque No. 439, que fue girado “a favor de MULTICAMBIOS, para la compra de US$ 1,750.00 dólares que se entregaron Jerez, por asistir al seminario sobre Fortalecimiento Institucional efectuado en la Ciudad de Miami, USA, sin que existiera documentación justificativa”, agrega el documento. Por este caso, la PGR determina el monto por el que se afectó al Estado en C$161,720.00.
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En la glosa 44 Byron Jerez figura como extesorero de la Junta Directiva de la Compañía Nacional Productora de Cemento, (CANAL, S.A.), según la procuraduría «recibió 67,588.40 córdobas por pagos recibidos bajo los conceptos de Bono Productivo y Aguinaldo, mismos que fueron aprobados por la Junta Directiva, siendo que el funcionario no era asalariado de la Compañía y no tenía derecho a dichas prestaciones».
Igualmente, Jerez está mencionado en el “pago de bono anual y bono especial, desembolsados de la cuenta corriente en dólares No. 110-03001-004697-3, que manejaba el Banco de Finanzas y autorizados por la Junta Directiva, desembolsos que debieron apegarse a las disposiciones legales que rigen los Entes Públicos y no por lo que establecen los Estatutos de dicha Compañía, careciendo de asidero legal. (USD$4,000.00 equivalentes a C$47,041.20)”.
Jorge Antonio Solís Farías, es otro de los figurantes en las glosas de los implicados en desfalcos al Estado. Según la PGR desembolsó indebidamente «290 mil dólares a favor de Claudia Flores, en pago de honorarios por servicios profesionales como Asesora con relación a la formulación y presentación del reclamo de la Póliza N° TR-028-98 del INISER por daños sufridos producto del Huracán MITCH en las instalaciones y equipos propiedad de ENITEL, no encontrando evidencia de las acciones realizadas ni el producto final de los servicios prestados por la señora Flores».
Pedro Solórzano Castillo, quien fuera Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI) recibió 61,574.63 córdobas «por 19 días de vacaciones de navidad del 2003, aplicados a la liquidación laboral del Licenciado Solórzano Castillo, egreso que carece de justificación ya que falta la evidencia del trabajo realizado, durante el período de vacaciones programadas por la Dirección de Personal de MTI». Según la PGR existe una demanda interpuesta en su contra por este cobro.
En la glosa número 62 Solórzano Castillo figura también señalado en un “informe de Auditoría ARP-03-0252-06 sobre proceso de contratación del Proyecto Carretera Ticuantepe-Masaya-Granada, desde su inicio, que comprende proceso licitatorio, Acta de Adjudicación, firma de contrato y ejecución del Proyecto. El monto de la multa supera los ocho millones de dólares, que se desglosa en US$3,871,662.76 (Garantía de Anticipo 2287-603603) y US$4,444,439.98 (Garantía de Cumplimiento Nº 2787-603604) ambas garantías emitidas por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. C/Clara del Rey 26- 28002 Madrid; que fueron aceptadas por él en su calidad de Ministro MTI, cuando dicha agencia o entidad bancaria no tiene agencia o representante legal en el país debidamente autorizado por la SIBOIF, causando con ello un perjuicio económico a la entidad auditada. (El imputado interpuso Recurso de Amparo)”, se lee en el reporte.
Ramón Antonio Lacayo Palma, exsecretario Ejecutivo Corporación Nacional de Zonas Francas. Figura en la lista por haber autorizado sin la correspondiente justificación la indemnización como cargo de confianza al licenciado Gilberto Wong Chang por 41,671 dólares. Wong Chang en ese entonces era secretario ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas.
William Báez Sacasa, ex gerente general en la Lotería Nacional y Luis Alberto Guzmán Téllez exgerente financiero de la misma. Ambos autorizaron más de 353 mil córdobas en concepto de pago de salarios a favor del Señor «Benjamín Mendieta Salvatierra, quien fue contratado por los nominados exfuncionarios, para ejercer labores de Asesor Administrativo en la Oficina de Desarrollo y Asistencia Social (ODAS), adscrita a la Presidencia de la República, que estructuralmente no pertenece a la Lotería Nacional, careciendo dichos desembolsos de asidero legal».
Fausto Carcabelos Molina, exdirector general de TELCOR, recibió C$104,500.02; en concepto de Bono Navideño cuando fungía como director General de dicha empresa, lo que fue considerado erróneo por tratarse de un beneficio establecido en el Convenio Colectivo únicamente para los trabajadores de Telcor, pero no para el Director General, constituyendo un perjuicio económico para dicha entidad estatal, ya que tal egreso carece de Base Legal.
Martha McCoy Sánchez, exmiembro del consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Ella junto al fallecido Antonio Alemán Lacayo (hermano de Arnoldo Alemán), quien para entonces era secretario ejecutivo del INSS, aprobaron según el acta No. 79 del 05/06/2001 ayudas sociales a personas naturales para compra de boletos aéreos sin estar plenamente facultado para ello, incumpliendo con el arto. 166 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Entre las declaraciones con responsabilidad civil se encuentra la glosa 106, donde figuran el actual asesor presidencial y titular del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Telémaco Talavera Siles, así como los demás directivos del organismo universitario, Francisco Guzmán Pasos (exrector de la Unan – Managua) y el exdiputado sandinista y exdirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), Jasser Martínez Montoya, entre otros directos del CNU, quienes según la PGR “pagaron 205,283.46 córdobas a Mariano José Vargas, exsecretario técnico del CNU, como indemnizaciones por cargo de confianza de liquidación por 6 meses de salario. Según las glosas este pago viola lo que dice el Art. 47 del Código del Trabajo”.
En la lista de glosas también aparece la dirigente opositora Violeta Granera Padilla, quien fungió durante el gobierno de Enrique Bolaños como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) y Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), adscritos a la Presidencia de la República.
Según el reporte de la PGR, Granera no entregó el comprobante por un “pago de combustible a favor de María Lourdes Prego Sacasa y pago de aguinaldo e indemnización por antigüedad a Reineris Suazo Carvajal mediante CK# 1040, revisado, autorizado y firmado en su calidad de firmas libradoras y resultando tal cantidad pagada de más, ya que al momento de la liquidación la Lic. Reineris Suazo Carvajal únicamente acumulaba siete meses como trabajadora permanente por lo que no tenía derecho a indemnización según el arto. 45 del Código del Trabajo”. El perjuicio económico al Estado por este caso habría sumado los C$ 10,449.68.
En una segunda glosa, Violeta Granera habría causado una afectación por C$ 235,052.00, “por pagos derivados de contrato de consultoría y depreciación de vehículo, sin que exista sustento legal que los justifique” a favor de Antonio José Belli Montiel.
Consultada al respecto Granera, explicó que “no les estoy pagando ni un peso porque no es cierto. Ellos alegan que le hice un contrato a Antonio Belli, que era director del Conades, y es verdad. Pero Antonio no tenía salario en Conades. Así que nunca hubo doble pago”, argumentó la líder opositora.
“Y lo primero es una factura de gasolina que no encontramos porque no me quisieron recibir oficialmente y con el debido proceso ante un abogado. Bajaron todos mis archivos de entrega al sótano y cuando me avisaron de la auditoría tuvo que ir Lourdes, mi administradora, a ordenar de nuevo. Esa se debe haber extraviado en ese desorden. Yo tenía todo listo para la entrega”, concluyó Granera.
Saqueo a Enabas
El reporte de la PGR también da cuentas de una afectación a la Empresa Nacional de Aliementos Básicos (Enabas) por US$5,679.46 dólares, cuyo responsable fue el funcionario William Ramírez Noguera, “por no haber facturado los servicios agropecuarios de limpieza, secado, fumigación y almacenamiento brindados por ENABAS a productores, conforme lo establecido en la Cláusula Cuarta de los Contratos de Servicios suscritos entre ENABAS y los Productores”.
En Enabas también fue “pegado” Gustavo Narváez Picado “por haber solicitado a la Junta Directiva de ENABAS pago adicional a la Secretaría del Programa PL-480, Título III, sin verificarse de previo los diferentes resultados de informes de las Unidades de Auditorías Internas de ENABAS y Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cuanto a faltante de fríjol pinto, tal y como lo refleja en anexo I del informe de Auditoría. (Presentada demanda ejecutiva corriente en contra de Gustavo Narváez Picado en el Juzgado 2 Distrito Civil Managua, Asunto No.008693-ORM1-2010-CV)”. La institución habría sufrido un desfalco por C$291,240.01 córdobas, indica el reporte.
En un tercer reporte, la PGR señala a Armando Lazo Obregón y Mauricio Inocente Calero Reyes por un desfalco de C$224,278.80 córdobas, “por faltante de 1,868.99 quintales de fríjol pinto a un precio de C$ 120 córdobas por quintal, del cual lo nominados funcionarios resultaron responsables, por no verificar las existencias físicas en la bodega, no llevar control de las entradas y salidas del producto mediante Karderx, ni resguardarlo en la forma adecuada”.
Puede consultar lista completa aquí
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]GLOSAS – MULTAS GOBIERNO CENTRAL (27-11-2017)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
